Correo enviado por el Colegio de Abogados y Procuradores
La Argentina es el país iberoamericano donde más duran los juicios civiles y penales y donde la gente menos confía en los jueces. Sólo los jueces de Ecuador despiertan menos confianza en la gente. Si, en cambio, se mide la independencia de los jueces, la Argentina está un poco mejor, en el nivel medio. En cambio, Costa Rica, Brasil y, en parte, Chile gozan de poderes judiciales de alta independencia y eficacia a la hora de controlar a los otros poderes del Estado, mientras que los jueces de España, Colombia y Venezuela son, para sus ciudadanos, los más confiables. Estos son algunos de los resultados que arroja el informe elaborado por el Observatorio de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), que preside Luis Martín Mingarro –el argentino Carlos Andreucci, que también dirige la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es su vicepresidente–, presentado este mes. El estudio fue hecho con la colaboración del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría. La década de los 90 estuvo signada, en América latina, por reformas en la carrera judicial que deben seguir los funcionarios y magistrados a la hora de lograr ascensos dentro de la Justicia. Por ejemplo, en la Argentina se estableció el Consejo de la Magistratura. Ahora, en el siglo XXI, la gente reclama cambios de segunda generación para conseguir mejores niveles de seguridad física (sobre las personas y los bienes) y jurídica. Las cosas, sin embargo, no son fáciles ,y la Argentina no sale bien parada. La justicia más confiable de Iberoamérica es la de España (47 por ciento de la población cree en ella), seguida por la de Colombia (42%), y Venezuela (40%). En la otra punta están Guatemala (20%), la Argentina (11%), y Ecuador (7%). Los poderes judiciales más independientes, calculados sobre un puntaje óptimo de 7, son Uruguay (saca 4,9 puntos), Chile (4,6), Brasil (3,9). Mucho más abajo, en la 14a. posición, la Argentina figura con 1,9 puntos y cierra la lista Venezuela, con 1,2 puntos de independencia. Claro que también hay males compartidos entre varias naciones: sólo en Uruguay y en Colombia el nivel de satisfacción con el Poder Judicial es más alto que el de insatisfacción. En todos los demás, el nivel de descontento popular es relativamente elevado si se lo compara con el de apoyo. Un dato desalentador Otro dato desalentador para nuestra Justicia, según el informe UIBA, es que Costa Rica y la Argentina son los países donde más tiempo transcurre entre la comisión del crimen y la realización del respectivo juicio oral. Es decir, el proceso penal sigue siendo dilatado y la verdadera pena no está en la aplicación que hacen los jueces de la condena -las pocas veces que ello ocurre-, sino en el hecho de que el imputado tiene que soportar durante tanto tiempo el proceso. A la hora de medir la duración promedio de los juicios civiles, el resultado también es desalentador: en la Argentina duran 5 años; Chile y Colombia, 2 años y nueve meses; España, 7 meses, y Uruguay, 4 meses. Mientras los países avanzan en superar los desequilibrios macroeconómicos, tienen más dificultades para mejorar el desempeño de algunas instituciones, como la Justicia. Después de Costa Rica, la Argentina es el país que más jueces tiene por cada cien mil habitantes, pero también es el país que menos progresó en este aspecto en la presente década. Otro dato positivo es que el sistema judicial argentino es bastante elástico, porque si bien nunca parece terminar de descongestionarse, ya que los tribunales se abarrotan con causas pendientes que quedan para ser tratadas al año siguiente de su ingreso, el número de casos que se resuelve es alto. Es decir, los tribunales argentinos tienen una buena capacidad de respuesta, similar a los de España, aunque bastante inferior a la que muestran los tribunales de México o de Costa Rica. Las reformas, por cierto, no son fáciles y, a la hora de financiarlas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las agencias norteamericanas prefirieron concentrar la asistencia financiera, en los últimos diez años, en Venezuela (166 millones), Guatemala (72), El Salvador (69), Perú (57) y Colombia (52), mientras que la Argentina fue el país más postergado, con 9 millones. No cabe duda de que la seguridad personal es uno de los principales reclamos de los latinoamericanos: mientras los europeos, en 2004, tuvieron un tasa media de 3 homicidios cada 100.000 habitantes, la tasa de la Argentina fue de 10,2; la de Colombia, diez veces mayor, trepó a 102 homicidios, y la tasa promedio de la región es de 25 crímenes por cada 100.000 habitantes. En general, en varias mediciones sobre el poder judicial, Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil alcanzan buenos resultados y son las naciones donde, según la gente, los jueces reclaman menos pagos irregulares (corrupción) a los jueces. Quizá haya que cruzar ese resultado con otra nota muy positiva obtenida en la medición que hizo Transparencia Internacional en 2005, esos son los países menos corruptos de América Latina, aunque los dos primeros sacan mucha ventaja a todos los demás.
Por Adrián Ventura De la Redacción de LA NACION
Lunes 30 de julio de 2007
Lunes 30 de julio de 2007
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