Archivo 02.10.07
CARLOS CLIMACO Y GUILLERMO DARACT ,MORENO RECALDE , BERNARDO RAMON ESTRADA Y OTROS AVERGUENZAN A SAN LUIS
Defensor y Asesor de la policia genocida que "etica" puede proteger
¿Una comadreja en el gallinero?
¡BERNARDO RAMON ESTRADA EN EL TRIBUNAL DE ETICA!
Un clamor estridente ha despertado la vieja noticia,por muchos olvidada, que en la última elección del Colegio de Abogados fue electo por la minoría el abogado Bernardo Ramón Estrada, quién asesoraba al grupo de genocidas el proceso,y regalón del Capita Plá, principal acusado en el proceso que tramita en la Justicia Federal.-Aunque parezca mentira un hombre acusado de chantaje y de servir como ideòlogo de las estratagemas de los policías torturadores ,acostumbrados a disponer el "botín de guerra" de los desaparecidos y también de los detenidos por diversos delitos ,fue introducido por la "corporación mafiosa" que ronda la justicia,en el Tribunal de Ética del benemérito colegio que agrupa a los letrados.-Acusado de chantajista y tramposo por el periodista Raul Laborda,la comunidad quedò azorada de la noticia ya olvidada de ser el factotum de la maldita policìa del proceso que pervivió hasta hoy gracias a la picardìa de este filibustero de la abogacìa ,dijo el periodista.
Es increible que el bandidaje de los que viven de una parte del delito hayan podido filtrar en tan importante organismo,que debe cuidar la Etica de los abogados.-
Su adicción al alcohol por si sola, es una tiña suficiente para no confiar en este nefasto personje.-
Yo no fuí
Sus cómplices y soplones, el teniente coronel Carlos Clímaco Daract y el médico que controlaba la resistencia de los torturados el sonriente Moreno Recalde,se hacen los distraídos.
Sofanor Gomez Archivo 02.10.07
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El capitán Plá y cuatro militares y policías deberán explicarle a la justicia su actividad en la última dictadura. Se espera gran concurrencia de organismos de Derechos Humanos.
La Justicia Federal inicia el primer juicio en Cuyo a militares y policías acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. A poco más de haberse cumplido 30 años de los secuestros, torturas y muertes, los principales imputados son el ex capitán del Ejercito y subjefe de la policía de la Provincia Esteban Plá, el ex coronel Miguel Ángel Fernández Gez, el comisario David Becerra, el subcomisario Juan Carlos Pérez y el cabo Luis Alberto Orozco, quien deberán dar explicaciones de sus actuaciones en los años de plomo de San Luis.
El asesinato de Graciela Fiocchetti, las desapariciones de Sandro Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma y las torturas a Víctor Fernández son las principales carátulas judiciales de los diecisiete casos que denuncia la querella integrada por Organismos de Derechos Humanos.
El Tribunal estará presidido por el juez puntano Raúl Rodríguez y dos camaristas mendocinos, Roberto Naciff y Roberto Burad. Se realizará en la Sala de Apelaciones del Tribunal Oral Federal, en el tercer piso del edifico del Correo Argentino. Al recinto podrán ingresar sólo 47 personas, pero la semana pasada el Tribunal logró habilitar una sala intermedia, con capacidad para 200 personas, la que contará con un sistema de audio y video para el público general y la prensa.
Los debates se realizarán de lunes a jueves desde las 9 hasta las 14 aproximadamente. Las personas que deseen asistir deberán acreditarse todos los días en el ingreso del edificio. El magistrado Rodríguez estimó que el juicio tendrá una duración de más de 45 días y consideró que posiblemente tenga sentencia en la primera semana de diciembre.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH –filial San Luis- anticipan una importante concurrencia de público durante todo el desarrollo del juicio, entre ellos, agrupaciones políticas y sociales, además de organismos de DDHH de distintos puntos del país, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
La APDH lleva a cabo desde hace un poco más de dos semanas una campaña de difusión y concientización, denominada “Por ellos, marchemos al juicio”, en la que invitaron a la ciudadanía a participar de las distintas instancias del debate.
Otro factor determinante del juicio será el operativo de seguridad que montará la delegación puntana de la Policía Federal para la protección de las partes, testigos, funcionarios judiciales, prensa y público. Los controles contarán con la colaboración de la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad.
La Federal tendrá a cargo la custodia de los funcionarios y la seguridad interna del edificio y de la Sala de Audiencias. La Policía de la Provincia controlará el ingreso de personas, el vallado y la custodia externa del Tribunal, en tanto que el Servicio Penitenciario se ocupará del traslado y la custodia de los imputados.
De acuerdo a lo que informaron desde la Policía Federal, la Avenida Illia permanecerá cortada para la circulación de vehículos, entre San Martín y Chacabuco desde las 7 de hoy, cuando inicie el operativo de seguridad.
Quiénes eran Graciela, Santana y Pedro Ledesma
Graciela nació el 9 de marzo de 1954 en La Toma. Estudio en la Escuela Manuel Belgrano de esa localidad y era miembro activa de la Juventud Universitaria Peronista. En el momento del hecho, tenía 21 años y su sueño era ser doctora “para curar a los negritos”.
Sufría de epilepsia, por lo que debía estar en permanente tratamiento médico. Graciela era temperamental, solidaria, introvertida y muy sonriente. Fue detenida en su casa de La Toma el 21 de septiembre de 1976.
El día siguiente, el Subjefe de la Policía, Esteban Plá informo que la joven había sido dejada en libertad, pero nunca más fue vista con vida. Su cadáver fue encontrado en Las Salinas del Bebedero, aunque su familia reconoció su cuerpo, la Policía no lo entregó aduciendo que no era de Fiochetti.
En 1985, la Justicia Federal comprobó que un cadáver sepultado como NN en el Cementerio del Rosario era el de Graciela. Al año siguiente, 10 años después de su secuestro y asesinato, la Cámara Federal de Mendoza entregó su cuerpo a los familiares.
Los principales acusados del homicidio son Esteban Plá y David Becerra.
Santana Sandro Alcaraz
Santana nació el 26 de julio de 1953 en La Toma, aunque en el momento en que fue secuestrado, residía en la Capital en una pensión en la calle Belgrano al 1300.
En su pueblo lo recuerdan como un muchachito reservado, de tez oscura y mirada tan serena como su voz. Fue abanderado de la Escuela Nacional Nº 227 de La Toma. Cuando fue secuestrado tenía 21 años y estudiaba Farmacia en la Universidad Nacional de San Luis y era miembro de la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
El día del secuestro, el 22 de septiembre 1976, fueron a buscarlo a la pensión, un policía identificado como el comisario Becerra -este dato figura en el Habeas Corpus presentado en esa oportunidad-, que al no encontrarlo se dirigieron a la Universidad. Fue detenido en la Facultad, por dos personas de civil que mostraron credenciales o placas identificatorias, durante una clase del profesor Eduardo Barroso y de sus compañeros, previo le quitaron la carpeta.
Desde ese día su familia no tuvo más noticias. Se encuentra desaparecido hasta el presente. Según un testimonio publicado en Los Andes el 29 de julio de 1986, Santana habría sido fucilado por Pla junto a Graciela Fiochetti
Pedro Valentín Ledesma
Pedro nació en la ciudad de San Luis el 29 de septiembre de 1955 y su hogar estaba ubicado en la calle Marcelino Poblet al 500. Estudió en la escuela Juan C. Lafinur, donde obtuvo medalla de oro y se recibió de maestro bachiller en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, como abanderado.
Al igual que Graciela y Santana, era miembro de la JUP. Maestro rural y estudiante de Pedagogía en la UNSL, fue secuestrado por personal militar en la vía pública el 22 de septiembre de 1976. Posteriormente fue liberado por el Capitán Plá en presencia de su padre, Valentín Ledesma.
Los dos salieron caminando de la Comisaría 2ª y a 300 metros fueron interceptados por cuatro individuos que se desplazaban en un Falcón rojo, quienes se volvieron a llevar a Pedro a las fuerzas. Su padre reconoció entre los captores a Esteban Plá, que recién le daba la libertad a su hijo, a el comisario David Becerra y a un agente que reconoció con el apellido de Suárez.
Su familia no volvió a ver a Pedro. Tenía 21 años.
Fuentes: APDH y www.lesahumanidad.blogspot.com
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