EL "ADICIONAL "POLICIAL DE LOS AUTOS TRUCHOS

¡ESTO LE TIENE QUE INTERESAS EN DEFENSA PROPIA!

EL DR. ALEJANDRO MIRANDA ACUSA "DISTINTO"

¿La Oportunidad hace al ladrón?

El ex ministro Guillermo López, que fue denunciado por vinculaciones con el robo de autos...

"Miranda, además de volcar sus dudas sobre el procedimiento que maneja la jueza Vallica en la causa –a quien criticó por “abierta parcialidad” en la investigación-, apuntó mucho más arriba: “acá nunca se investigó como corresponde al ex ministro Guillermo López, pese a que fue denunciado por vinculaciones con el robo de autos.

Supuestamente traía vehículos robados de Buenos Aires para venderlos acá”.
La existencia de una “red” de maniobras con los autos que tienen pedido de captura de otras provincias y que son “blanqueados” en San Luis también sería una de las hipótesis que maneja la fiscal Diamante." Crónica de San Luis

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Policiales
Escrito por José Luis Baigorria
Lunes, 29 de Junio de 2009 21:04
Gustavo Martina habría visto cuando la camioneta Hilux 4x4 fue sacada de la comisaría 9° y entregada a una persona. El “policía testigo” deberá comparecer este martes 30 de junio en el Juzgado Penal 2 para brindar su testimonio. También le pedirán que reconozca si uno o dos de los cinco imputados hicieron esa “operación” en la tarde-noche del lunes 27 de mayo pasado. Alejandro Miranda: “Se está direccionando la investigación para culpar a Mansilla y tapar a otros”
El relato de Martina es clave para la investigación. Si bien el testigo ya habría declarado que esa tarde vio que José Luis Mansilla -el ex jefe de la comisaría 9°-, entregaba el auto y se espera que hoy ratifique ese testimonio, aún no habría podido precisar a quién le dio el vehículo, ya que –según testificó- no conocería a esa persona.
No obstante, las sospechas se limitarían a dos personas: Sebastián Maurelle y Oscar Coria. El primero es quien conducía la camioneta cuando fue secuestrada en la mañana del 27 de mayo. El segundo, es un comerciante dedicado a la compra y venta de autos y, a pedido de la fiscal Gretel Diamante, se convirtió en uno de los cinco imputados en la causa.
Ese círculo podría cerrarse definitivamente en el comerciante e imputado. Maurelle podría descartarse de la sospecha ya que estaría comprobado que efectivamente no la retiró y que cuando fue a buscarla a la comisaría -tres días después de que se la secuestraron- ya no estaba. Además, Martina habría adelantado en declaraciones previas cuáles eran las características físicas de la persona que recibió el auto de manos de Mansilla, las que coincidirían con Coria.
Desde que salió a la luz el caso, muchos fueron los nombres que inmediatamente se comenzaron a barajar entorno de los supuestos responsables de la extraña desaparición.
Las sospechas se acrecentaron por dos hechos sucedidos días después: la sorpresiva “aparición” de la camioneta en el sur de la provincia y la detención de un ex policía, “El turco” Ruiz, con un auto robado, en el norte de San Luis. Mientras, las sospechas recayeron casi por el propio peso de los hechos en el jefe y en dos policías de la 9°.
El titular de la seccional, José Luis Mansilla fue pasado a disponibilidad, junto con dos efectivos, el inspector Angel Ambrahan y el sargento Víctor López. A esos tres, la fiscal Gretel Diamante agregó dos acusados más: el comerciante Coria y el empleado de la planta verificadora de vehículos, Jorge Rocha.
Los cinco están imputados en la causa que tiene una carátula casi inocente: “averiguación procedencia de automotor”, pero que habría destapado una olla con mucho olor a podrido dentro de la fuerza policial, que ya estaba alicaída por otros “escándalos menores” y había sido blanco de renuncias y reemplazos en la misma jefatura de la UR II y en la mismísima comisaría 9°.
Pero el escándalo amenaza con ampliar su extensión no sólo hacia más policías, sino también funcionarios y ex funcionarios judiciales y del gobierno, ya que se sospecha que la camioneta es la punta de iceberg de una red dedicada al uso, traslado y comercio de autos que son secuestrados por la policía en averiguación de procedencia.
El propio abogado de Mansilla, Alejandro Miranda, quien ayer intentó recusar a la jueza Martha Vallica San Martín de Figari, había puesto la lupa donde aparentemente más duele: “acá se quiere cerrar la investigación y culpar a mi defendido y para proteger a otros”, sostuvo.
Para el abogado, entre esos “otros” estaría nada menos que un ex ministro de Seguridad, el coronel Guillermo López, también alejado del cargo en medio de varios escándalos.
Miranda, además de volcar sus dudas sobre el procedimiento que maneja la jueza Vallica en la causa –a quien criticó por “abierta parcialidad” en la investigación-, apuntó mucho más arriba: “acá nunca se investigó como corresponde al ex ministro Guillermo López, pese a que fue denunciado por vinculaciones con el robo de autos. Supuestamente traía vehículos robados de Buenos Aires para venderlos acá”.
La existencia de una “red” de maniobras con los autos que tienen pedido de captura de otras provincias y que son “blanqueados” en San Luis también sería una de las hipótesis que maneja la fiscal Diamante.
Por su parte, el abogado defensor de Coria, Ramón Gil, desestimó todas las sospechas que involucrarían al comerciante con el delito: “todo se basa en una hipótesis muy compleja presentada por la fiscal, que lo imputa por haber participado de un complot, una organización. Es increíble que todo esto esté armado por un ciudadano común que, de considerárselo culpable, debería tener tanto poder como para manejar a toda la dependencia policial”.
Dijo Gil que Coria “presentó debidamente toda la documentación original de compra venta original de la camioneta, donde se especifica la operativa y se le planteaba al comprador en qué condiciones se vendía el vehículo es decir con la transferencia en trámite, porque mi defendido había tenido problemas con el dueño anterior de la camioneta”.
Tango Gil como Miranda y Pascual Celdrán –defensor de Abraham y López- coinciden en un punto: la causa se pretendería cerrar en el círculo de imputados “para cubrir” a quienes “manejarían el negocio de uso, traslado y comercio de autos secuestrados”.