¿TAMBIEN UN CASO EN SAN LUIS?

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Recursos heterodoxos para no pagar honorarios

Un "camarista" que

nunca pudo ser

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Desde diciembre de 2007 hay un expediente con honorarios regulados que fue remitido por la Cámara al juzgado de origen para ser "refoliado" que se lo mantiene "cajoneado" presuntamente por influencia de un juez de cámara hermano de la esposa de uno de los deudores.-

CUÑADO CONDENADO POR ESTAFAS REITERADAS

Tambien hace "lobby" para frenar la condena por cuatro años y medio con ocho de inhabilitaciòn para ejercer el comercio de un empresario del automotor ,integrante de la familia del sospechado gestor,cuyos antecedentes en la funciòn pública avalan este prestigio.
Según se pudo saber hay filmaciones y grabaciones de las reiteradas visitar del magistrado a personal o funcionarios con la finalidad de mantenerlo inmóvil.-
Este camarista cobró notoriedad por su presunta participaciòn en la liberación de un proxeneta a quien le atriburìan la propiedad del burdel "El Trìangulo" quien luego de estar detenido por varios dìas fue liberado tras el pago dueña importante suma .-
Un comisario retirado dijo a los medios "Nunca lo pudimos meter preso" por su influencias en distintos ámbitos...."

LOS TENTACULOS DE LA CORRUPCION

Por su parte el sobrino del camarista,abogado con funciones en la Justicia Federal también seria el gestor y parte de una estrategia de urdir denuncias penales para continuar la demora del pago de los honorarios regulados en 1996,firmes y ejecutados ,y paralizados hoy por estos últimos "recursos" urdidos por una "tranza" dicen infiltrada en la justicia local usando el método que da cuenta la crónica adjunta.-

Amicus Curiae

Inusual procedimiento
Allanaron el Tribunal de

un juez sospechado

El camarista Alberto Pravia fue jurado en un polémico concurso
Gabriel Sued LA NACION
El escándalo por aparentes irregularidades en concursos judiciales tuvo ayer una escalada sin precedente: por pedido de la justicia federal de Paraná, un juez federal porteño allanó la sede del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), en el primer piso del edificio de la avenida Comodoro Py.El inusual operativo se llevó a cabo en el despacho del camarista Alberto Pravia, subrogante en una de las vocalías del tribunal y jurado de dos concursos judiciales que quedaron bajo sospecha el mes pasado, según informaron ayer a LA NACION altas fuentes judiciales.El juez federal de Paraná Gustavo Zonis reclamó el allanamiento por medio de un exhorto que recayó en el juzgado federal porteño a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Anoche aún no se conocían detalles de la documentación secuestrada en el despacho de Pravia, que sería enviada a Paraná. El expediente de Zonis permanecía bajo secreto de sumario.En Comodoro Py, ayer pocos podían salir de su asombro. Ninguno de los habitantes de los tribunales de Retiro, ni los más veteranos, recordaban un operativo similar en el despacho de un magistrado. Como ocurre con los legisladores, los jueces cuentan con fueros que impiden su arresto, pero pueden ser investigados.
Pravia fue jurado en una prueba para ocupar una vacante en el Tribunal Oral Federal de Paraná, el 4 del mes pasado, en la que se descubrió que uno de los concursantes, el secretario de fiscalía Hernán Tuppo, tenía entre sus papeles el caso que le iban a tomar.
Fuentes judiciales detallaron que en el operativo se secuestró la computadora del juez Pravia. La semana pasada se allanó la casa de Tuppo.
Antes de que les repartieran la prueba, dos concursantes denunciaron que Tuppo ya la tenía. Se lo dijeron al representante del Consejo, Luis Cabral, que hizo la denuncia. De inmediato, Zonis se presentó, ordenó una requisa y le encontró al concursante varios casos de examen; entre ellos, el que estaban a punto de tomarles (el jurado prepara cuatro temas y, en el momento, se elige uno al azar; el resto no se abre).
Fue entonces cuando se descubrió dentro del portafolios de Tuppo otro caso más, que decía "Concepción del Uruguay". Dos días antes, el secretario de fiscalía había rendido para el tribunal de esa ciudad y entre los miembros del jurado también había estado Pravia, por lo que las sospechas enseguida recayeron sobre él.
Pravia y Tuppo se conocían porque cuando el hoy integrante del TOF 2 era fiscal federal de Santiago del Estero, Tuppo era juez de la intervención en esa provincia. Pravia no respondió un mensaje que LA NACION le dejó ayer en su teléfono celular.
Los otros tres jurados del concurso para el Tribunal Oral Federal de Paraná (el ex titular de la Oficina Anticorrupción Daniel Morín y los profesores de la UBA Ignacio Tedesco y Gustavo Costa) enseguida presentaron un escrito en el Consejo, en el que afirmaron que nunca habían tenido relación con Tuppo, y se ofrecieron para que les investigaran todos sus teléfonos y cuentas de e-mail .
La causa que instruye Zonis es la más avanzada. Pero el caso Tuppo también motivó la apertura de otras dos investigaciones: una en el Consejo de la Magistratura y otra en la Procuración General de la Nación. Un caso resonante
Las sospechas sobre posibles irregularidades en los concursos para seleccionar magistrados se fortalecieron el 24 del mes pasado, cuando LA NACION reveló que jueces y funcionarios de la justicia federal porteña creían que podía haber habido fraude en el concurso para ocupar cuatro vacantes de ese fuero. Allí se investigan las más importantes causas de corrupción de funcionarios públicos.
Siete fuentes de alto rango judicial (tres de ellos, jueces federales penales porteños, futuros pares de los magistrados que se designen) dijeron a LA NACION que tenían sospechas de que el tema de examen que se tomó había sido adelantado a algunos de los concursantes.
Mientras crecen las dudas, el Consejo de la Magistratura se apresta a modificar el reglamento para la selección de jueces. Los consejeros ya aprobaron la reforma en general el jueves pasado y pasado mañana podrían terminar de cerrar los cambios en particular. El proyecto del kirchnerismo propone terminar con los concursos anónimos.
Investigación por los autos truchos
El juez en lo penal económico Jorge Brugo tomará hoy declaración como acusado al representante de futbolistas Gustavo Mascardi, quien habría comprado una camioneta Hummer por medio de una exención impositiva para diplomáticos. El empresario, que está imputado por el delito de contrabando agravado, había sido citado para declarar en julio pasado, pero había logrado varias postergaciones. El principal acusado en la causa es el ex funcionario de la Cancillería Jorge Matas, procesado por once casos de contrabando agravado. La investigación se abrió en enero de 2008 con una auditoría que confirmó el uso irregular de las franquicias.

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