¿ Como es la Cosa?
EN SAN LUIS LA TRANSPARENCIA ES NULA
"Para entender por qué la Fundación Poder Ciudadano se ocupa de activar acciones y promover la aplicación de herramientas de transparencia en la administración de los estados y por qué la azmisión institucional es generar información cívica y acción colectiva, es necesario entender el contexto en donde desarrolla sus actividades: la Argentina. Argentina es un país en el cual los poderes republicanos tienen una baja imagen pública positiva. Según una encuesta elaborada por el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría que dirige Rosendo Fraga, la imagen positiva del Congreso Nacional en 1990 era del 15% y en 1999 del 10%; la del Poder Judicial era del 21% en 1990 para descender al 7% en 1999. También los partidos políticos fueron evaluados y el trabajo relevó que en 1991 su imagen positiva era del 13% para ubicarse en el 11% en 1999."
Transparencia Provincial
"LA OPORTUNIDAD HACE AL LADRON"
5 comentarios:
ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 7-MET-08
El Trapiche (San Luis), 15 de Enero de 2008
VISTO:
La necesidad de contar con una norma legal específica referida a la conservación y limpieza de terrenos baldíos.
La necesidad de mantener limpio y ordenado el Municipio de El Trapiche y toda su jurisdicción.
La necesidad de mantener los lugares de tránsito peatonal en buen estado para tal fin.
La necesidad de concientizar a los vecinos de la ciudad a mantener limpios los terrenos baldíos con el objeto de evitar la propagación de roedores y otras plagas.
La necesidad de avanzar en el embellecimiento de todo el territorio del Municipio.
La necesidad de mantener un sistema de control eficiente en cuanto al mantenimiento de veredas, aceras y terrenos baldíos.
La necesidad de evitar la evasión de las obligaciones de higiene y seguridad por parte de los vecinos.
La ausencia de normativas actualizadas, y;
CONSIDERANDO:
Que los sistemas actuales de procedimiento para la realización de controles específicos en cuanto al mantenimiento de veredas y terrenos baldíos no cubren las necesidades de la localidad.
Que el proyecto presentado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos presenta importantes avances en cuanto a la sistematización de los controles y que es necesario implementar la reglamentación del mismo de manera que se ponga en funcionamiento a la brevedad posible.
Que el Municipio apunta su actual gestión a la Transformación, Control y Eficiencia de sus funciones.
Que se debe evitar la propagación de plagas y suciedad.
Que se debe tener un control permanente y eficaz asegurando la realización de los trabajos o bien la supervisión de los trabajos por parte de los vecinos titulares de sitios baldíos y/o veredas y aceras en malas condiciones.
Que es necesario prevenir y asegurar las condiciones de los espacios de tránsito peatonal de la población.
Que conforme el Artículo Nº 238 del Código Tributario Municipal, El Intendente Comisionado Municipal de El Trapiche, debe implementar los medios de control, prevención y atención de la salud de los habitantes, lo cual implica que se deben prever los mecanismos de control con el objeto de garantizar la salud de la población.
Por ello
EL INTENDENTE COMISIONADO DE EL TRAPICHE EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:
Art. 1º.- Todo propietario está obligado a conservar y mantener los terrenos baldíos en perfecto estado de compactación, higiene y buen aspecto a fin de preservar la salubridad de la población, estética y seguridad, en todo su perímetro. Dicha obligación se hace extensiva a las aceras.
Art. 2º.- Entre las obligaciones especiales que emergen de la general señalada en el punto anterior, quedan comprendidas las siguientes:
• La eliminación de malezas, cortes de yuyos, tanto en al acera como en el terreno.
• La desratización y desinfección del lote.
• El relleno y la compactación de los terrenos baldíos con material adecuado, exclusivamente tierra y escombros.
Art. 3º.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas precedentemente, facultará al Departamento Ejecutivo Municipal, previa constatación y notificación por el término de siete (7) días corridos, a la regularización de la situación del mismo, a la ejecución de trabajos de limpieza y demás, previstos en el Artículo 2º), el que podrá realizar en forma directa o mediante la contratación de terceros con cargo del costo realizado al titular del inmueble.
Art. 4º.- El costo será recuperado por el Municipio, a través de la Inclusión en la facturación de tasas de servicios generales, a partir del período próximo posterior, de acuerdo a lo que fija la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 1-MET-2008 y sus modificatorias, hasta cubrir la totalidad del gasto.
Sigue...
Art. 5º.- En caso de que el titular del inmueble y/o terceros que posean el mismo ofrecieren resistencia a los trabajos de limpieza y demás que efectuare el Municipio, el Departamento Ejecutivo Municipal, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Art. 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal designa de su estructura administrativa, a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos área de aplicación de la presente Ordenanza.
Art. 7º.- Todo vecino puede denunciar la existencia de terrenos baldíos y/o aceras que no cumplan con la presente reglamentación y solicitar la intervención de la autoridad competente.
Art. 8º.- La falta de cumplimiento a lo previsto en los Artículos 1º) y 2º) de la presente Ordenanza, será sancionada con una multa de acuerdo a lo que fija Ordenanza Nº 3-MET-2008. En caso de reiteración en la infracción, la misma podrá, a criterio del Ejecutivo Municipal, ser duplicada; teniendo en cuenta la ubicación del inmueble, las dimensiones y la conducta del propietario.
Art. 9º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.
VICTOR HUGO HISSA
Intendente Comisionado
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ORDENANZA Nº 8-MET-08
El Trapiche (San Luis), 23 de Enero de 2008
VISTO:
Los perjuicios, molestias y peligros que provocan los animales sueltos en la vía pública, y;
CONSIDERANDO:
Que es responsabilidad de la Autoridad Municipal velar por la tranquilidad y seguridad de las personas, como así también de la propiedad privada y pública;
Por ello
EL INTENDENTE COMISIONADO MUNICIPAL DE EL TRAPICHE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Art. 1º.- Prohíbese la deambulación de animales sueltos (equinos, asnares, ovinos, bovinos, porcinos) por calles, caminos vecinales y rutas en el ejido Municipal.
Art. 2º.- Prohíbese el arreo de animales por las calles del radio urbano cuando éste exceda el número seis (6) debiéndose efectuar el mismo por calles o caminos suburbanos.
Art. 3º.- El Traslado de animales en pie debe ser dirigido y controlado por sus propietarios o personas autorizadas por ellos, siendo responsables de los daños que causaren aquellos a la propiedad privada y/o pública.
Art. 4º.- El corralón (donde serán trasladados y resguardados todos los animales sancionados por esta Ordenanza) se encuentra en el predio de la Municipalidad.
Art. 5º.- Los animales sueltos que la autoridad Municipal o policial sorprenda en contravención, serán detenidos y depositados en corral, hasta que sus propietarios los retiren, previo pago de la multa correspondiente y de los daños que hubieren causado.
Art. 6º.- Fíjese una multa de Pesos: Treinta ($ 30,00) por animal cada 24 hs.
Art. 7º.- La Municipalidad procederá de acuerdo al Código Tributario Municipal con los animales que no fueran retirados cumplidos los cinco (5) días de la notificación a sus propietarios.
Art. 8º.- Los organismos facultados para el control y cumplimiento de esta Ordenanza estará a cargo de los Inspectores Municipales y personal perteneciente a la Policía de la Provincia de San Luis.
Art. 9º.- La aplicación de las disposiciones precedentes, estará a cargo de los Inspectores Municipales afectados a dicha tarea.
Art. 10º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.
VICTOR HUGO HISSA
Intendente Comisionado
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Impuestos que nunca se pagaron son un misterio en San Luis
Un abogado puntano, especialista en gestionar proyectos de promoción industrial y vinculado con la familia Rodríguez Saa, fue procesado por presunta defraudación contra una firma relacionada con Procter & Gamble
El abogado Víctor Hugo Hissa, fanático del basquet, cumplió con uno de sus sueños cuando se transformó en el presidente del Club GEPU, de San Luis, y armó un gran equipo que conquistó dos veces la Liga Nacional. Su pasión por el basquet llegó puertas adentro de su casa de fin de semana en la capital puntana, donde instaló un aro importado cuya compra intentó deducir de su declaración jurada de impuestos.
Pero desde el 20 de abril último Hissa utiliza, además, ese noble deporte para calmar los nervios tras ser procesado por defraudar en 4 millones de pesos a la firma Topsy, perteneciente a la multinacional Procter & Gamble (P&G).
Un factor adicional juega en su contra: el fallo lo dictó el juez de instrucción porteño Raúl Irigoyen y no un magistrado de su provincia, con quienes él se mueve como pez en el agua. Tal como lo expresó a La Nación su defensor, Mariano Cúneo Libarona, el acusado "es un abogado de gran experiencia". Así lo entendían también Adolfo y Alberto Rodríguez Saa, socios de Hissa en un estudio jurídico hasta que ambos asumieron como gobernador y senador nacional, respectivamente. El tercer socio se transformó entonces -según fuentes judiciales- en su "apoderado".
P&G compró en 1991 la firma que fabrica pañales y toallas higiénicas Topsy al empresario Sergio Groskoff (uno de los ex dueños del shopping Alto Palermo) y recibió los beneficios de la promoción industrial que esa sociedad había obtenido en 1987 por gestión de Hissa. "Las empresas que quieren conseguir un decreto de promoción en San Luis tienen que pasar por el estudio de Huguito", explicaron a este diario, con confianza, las fuentes judiciales. Pero Topsy también heredó a Hissa como asesor jurídico y encargado, entre otras tareas, de pagar los impuestos de la firma.
La relación entre Topsy e Hissa fue romántica hasta que el estudio jurídico que asesora a P&G, Pérez Alati, Grondona (h.) y Asociados, descubrió que "no se habían pagado los impuestos de sellos en una operación". Allí comenzó una investigación que culminó en la denuncia por defraudación.
Topsy le entregaba en Buenos Aires los cheques a Hissa, que luego los enviaba por correo a San Luis. Pero en lugar de cancelar impuestos, los "cartulares fueron desviados de su destino final" y aparecieron en la cuenta 537/1-144/0 que "pertenece a Hissa", según el auto de procesamiento. La versión de Cúneo Libarona tiene un final diferente: "La empresa no abrió una cuenta en la provincia donde se radicó, tal como lo pedía la DGI. Así que los cheques eran depositados en su cuenta personal y luego transferidos para cancelar los pagos tributarios. Si Topsy hubiera tenido una cuenta propia nada de esto habría ocurrido", remarcó el joven letrado que ahora cultiva el perfil bajo.
Sigue....
"Conspiración"
Por su parte, el procesado sospecha que hay una gran conspiración en su contra y que, "si hubo delito" -como admiten sus abogados-, la culpa la tuvo su empleado muerto, en "complicidad" con el Banco de Galicia, donde presuntamente le "sellaban" los cheques. La misma sensación tuvo cuando la DGI investigó sus negocios en la provincia y presuntamente descubrió que GEPU, el club de barrio que transformó en potencia, "les pagaba a sus jugadores en negro a través de fondos reservados que eran administrados por la sociedad Eventos Deportivos y Artísticos que, casualmente, él presidía".
A pesar de asesorar al senador Alberto Rodríguez Saa desde 1983 y de sus múltiples actividades empresarias -que desde 1984 incluyeron la titularidad de un diario provincial comprado por los famosos hermanos-, Hissa trataba de no perderse los partidos de GEPU. Pero las investigaciones de la DGI lo convencieron de abandonar la presidencia de la entidad y venderle la "plaza" de la Liga Nacional a Andino, de La Rioja, un club apadrinado por el secretario presidencial Ramón Hernández.
El senador Alberto Rodríguez Saa ya había renunciado a su banca por un duro enfrentamiento político con el presidente Carlos Menem y la suerte de Hissa no volvió a ser la misma. En 1997, el estudio de Luis Moreno Ocampo y el periodista Héctor Ruiz Núñez investigaron la existencia de casos de fraude en el régimen de promoción industrial por medio de una cámara oculta. Una de ellas mostró a Hissa con dos actores disfrazados de empresarios supuestamente interesados en radicar una industria en San Luis. Según las imágenes, Hissa les pidió "120 mil dólares" para obtener el decreto que les permitiría ingresar en el paraíso de la promoción industrial, pero les aclaró que él sólo "facturaría 30 mil dólares, porque el resto era peaje".
Martín Kanenguiser
Un régimen cuestionado
Para algunos es una "bendición" y para otros "una caja de recaudación". El régimen de promoción industrial permitió grandes inversiones que de otra manera no se hubieran radicado en varias provincias argentinas. Pero los casos de corrupción sobran a la hora de observar su aplicación.
Hace unos años, en tiempos de la administración radical en la segunda mitad de los años 80, el grupo Koner Salgado vendía los certificados de crédito fiscal que le había otorgado el Estado. En algunos casos se vieron afectadas multinacionales del porte de la petrolera Shell o la fabricante de cigarrillos de origen inglés Nobleza-Picardo, las que, al menos así lo aseguraron en su momento, fueron "traicionadas en su buena fe." Luego de ese escándalo, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, colocó un tope a los beneficios que se otorgarían a cada empresa comprendida en el régimen y puso en marcha una "cuenta única" informatizada para controlarlas.
Turbulencias
Sin embargo, nadie pudo eliminar una de las claves más turbulentas del sistema: si bien la DGI realiza un seguimiento de las empresas, son los gobiernos provinciales los que actúan como autoridad de aplicación, y aunque Impositiva descubra alguna irregularidad, no tiene poder para revocar el beneficio.
Sigue...
De todos modos, la DGI también tuvo sus fallas: hace unos dos años, el director de la agencia de San Luis, de apellido Betrugno, fue procesado y detenido por "alterar el sistema informático con el fin de aumentar el cupo de créditos fiscales concedidos a cada empresa" en un fraude que le costó cerca de 110 millones de pesos al Estado.
La denuncia contra este funcionario fue realizada por la Dirección de Inteligencia Fiscal de la DGI ante el juez porteño Rodolfo Canicoba Corral, que ordenó su detención pero luego se declaró incompetente y la causa pasó a dormir en los tribunales de San Luis.
Otros casos
Los casos irregulares en la provincia continuaron hasta el más reciente que involucró a la empresa de pinturas Cintoplom, que fabricaba sus productos fuera de ese territorio casi en su totalidad. Igual que en el caso Koner-Salgado y otros, la mecánica consistía en solicitar la exención impositiva (prevista en la promoción industrial) haciendo figurar como instalada una planta productiva en San Luis, pero luego fabricar en otro lugar (generalmente, el Gran Buenos Aires).
Mientras tanto, un informe del Ministerio del Interior citado por el periódico Ciudad XXI detalló que entre 1992 y el 2008 San Luis recibirá 4824 millones de pesos gracias a este régimen, calificado como bendito o maldito, según quien sea el predicador.
Fuente: La Naciòn
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