LA IMPUNIDAD ES EL CALDO DE CULTIVO DE LA VIOLENCIA

Cercanos al poder político
Pertenecer tiene sus privilegios
San Luis (Pelr) 17-11-06. El caso de la brutal represión de 2004 y la permanencia en el más absoluto secreto de la identidad del oficial Carlos Agüero durante más de dos años -como supuesto agresor de Marcelo Bustos Padovani-, es una muestra más de que en nuestra provincia existe una carencia total de las funciones que le competen a cada una de las instituciones que conforman el sistema republicano y federal; y ante esta situación el periodismo se tiene que convertir en investigador y juez, cosa que no habla muy bien del sistema, porque nuestra función debería ser solamente la de investigar e informar.Hay muchas cosas que llaman la atención y que luego de que publicáramos la identidad del supuesto agresor de Bustos Padovani, comienzan a salir a la luz una innumerable cantidad de datos, como por ejemplo que Agüero pertenecía en aquellas épocas a la División Transito de la Policía de la Provincia de San Luis, y que algunos días después habría pasado a desempeñar labores como custodio del gobernador Alberto Rodríguez Saá -¿premio por su accionar tal vez?- y tras los episodios de autoacuartelamiento policial de este año, habría sido trasladado, junto a otros camaradas suyos de la custodia gubernamental, a la Subcomisaría de Potrero de los Funes.Volviendo a lo llamativo del caso, no se puede dejar pasar un dato que no es menor, como lo es que tanto en la justicia como en el sumario administrativo, se tenía un listado amplio de policías, muchos ellos de rangos muy altos y Agüero no aparece en ningún lado, sino hasta el final del sumario, como lo indica el mismo encargado de la investigación administrativa Horacio Zavala Rodríguez (h). Cómo se explica entonces que siendo un oficial, es decir de rango muy inferior, haya sido tan custodiada su identidad.Obviamente acá hay una muestra más de la impunidad que existe en nuestra provincia para todos aquellos que, de una manera y otra, pertenecen a las esferas cercanas al calor oficial, que no es otra cosa que hacer verdad el slogan de una conocida tarjeta de crédito: “pertenecer tiene sus privilegios”.Acá alguien tiene que explicar el por qué si el nombre de supuesto agresor, con testimoniales directas que lo sindican como tal, no haya sido enviado aún a la justicia, ni el por qué Horacio Zavala Rodríguez (h), dentro de sus funciones, nunca recomendó una sanción, ni las acciones legales correspondientes, siendo que para este oficial le caben en principio las figuras penales de lesiones graves, y hasta se podría hablar de homicidio en grado de tentativa.El sumario, del cual dimos referencia en nuestra edición de ayer, tiene que significar un vuelco fundamental en la causa judicial abierta para investigar el atentado contra su vida sufrido por Bustos Padovani, porque ahora hay pruebas de que indican que todos los policías enumerados en el sumario, por lo menos cometieron el delito de encubrimiento, porque sabían quién fue el autor del disparo y lo callaron hasta casi dos años después y habría que pensar que hasta el propio Zavala Rodríguez (h) podría entrar en esta tipificación, porque hasta el momento nada habría hecho para que la justicia avanzara en esta investigación.Y siguiendo en el análisis que el periodismo tiene que suplir, inexplicablemente, las graves falencias que presentan las instituciones republicanas, en el sumario hay una muestra más que clara que ratifica este pensamiento, porque es el mismísimo Zavala Rodríguez quien afirma que un periodista, por nuestro amigo y compañero de tareas Gustavo Senn, es quien “aporta en forma desinteresada copia del material fotográfico obrante en su poder”, y que es precisamente este aporte de Senn lo que permite que se haga una “audiencia de exhibición de las fotografías digitales (…) donde queda claro no sólo las lesiones sufridas por el Sr. Bustos Padovani, sino también que le fueron producidas en momentos que se desarrollaron las manifestaciones del 30 de abril de 2004”, y teniendo en cuenta que no se citan más pruebas en este sentido, esto significa ni más ni menos, que de no ser por el aporte de un periodista, tal vez no se hubieran conseguido pruebas contundentes de los hechos.Lo ocurrido en este caso y sus circunstancias dejan un claro mensaje para el gobierno provincial, en el sentido de que acá no se están haciendo bien las cosas. Para pensar, meditar, analizar y rever.
Informe Carlos Rubén Capellacarlosrcapella@yahoo.com.ar




Fiscal de Estado
Ejerció presiones y quedó al borde de darle órdenes a los jueces
San Luis (Pelr) 17-11-06. El Superior Tribunal de Justicia formó un incidente donde investiga las presiones ejercidas por el Fiscal de Estado, Mario Ernesto Alonso, contra la jueza del Crimen Mirtha Esley, pero además trascendió la orden que pretendió impartir el mismo Alonso a la jueza Carina Gregoraschuk para que se constituyera en el hall central de tribunales y en la explanada principal y procediera a la identificación del personal policial en conflicto.El escrito presentado por el Fiscal de Estado no reviste la calidad de denuncia y ni siquera es un pedido de investigación y pretendía que "Vuestra Señoría se constituya en el Palacio de Tribunales, loby central y asimismo en las inmediaciones de la "explanada de calle Rivadavia" a efectos de constatar la identidad de las personas pertencientes al numerario policial declarado prescindible que se encuentra haciendo acciones de amedrentamiento".
Y continuaba diciendo "Dichas pèrsonas poseen bombas de estruendo y puede suponerse que algún otro elemento disuasivo capaz de provocar múltiples daños por lo que es importante determinar quienes son los responsables, desde el punto de vista penal, en caso de que se produzcan desmanes".
Del escrito de Alonso se infiere que, por lo menos, el Fiscal de Estado considera temeroso al Superior Tribunal porque sostiene: "El Superior Tribunal se encuentra tratando dichas causas (refiere a los amparos), siendo inminente una resolución, por lo que a su vez, los denunciados están realizando acciones disuasivas, altamente amenazantes y hasta coactivas, tendiente a generar opinión favorable a sus pretensiones, lo cual es inadmisible e inaceptable y agravia el principio de igualdad al que tenemos derecho como representantes del Estado Provincial".
La Jueza ignoró la orden, aconsejada de que no hubo delitos consumados, sino que además el Superior Tribunal, si se sentía amenazado, tenía recursos legales para defenderse.
Informe: Gustavo Herediaflac0heredia@yahoo.com.ar