en Web en Blog

13.2.07

EL PAÍS
Comercio salvaje

En la Argentina, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestres llega, al menos, a los cien millones de dólares por año, y es el comercio clandestino más fuerte, después del de drogas y armas

¿Quièn está apañando en San Luis este contrabando?
LA NACION LINE 21.05.00

EL PAÍS
Comercio salvaje

En la Argentina, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestres llega, al menos, a los cien millones de dólares por año, y es el comercio clandestino más fuerte, después del de drogas y armas


A la hora de contrabandear animales, los traficantes apelan a todo tipo de argucias. Un gendarme de Tartagal rescató de su encierro a este monito. Poco después fue devuelto a su hábitat natural

El comercio ilegal de fauna y flora en todo el mundo asciende, según un informe difundido por Interpol, a 17.000 millones de dólares por año: 10.000 millones por fauna, y 7000 millones por flora y madera.

Hasta que se conocieron estas cifras, las Naciones Unidas ubicaban el contrabando de especies en tercer lugar, superado por el tráfico de drogas y el mercado negro de armas. Hoy, sin embargo, algunas organizaciones no oficiales señalan que ya podría estar instalado casi a la par de este último.

En nuestro país, el tráfico clandestino de fauna mueve, cuanto menos, más de 100 millones de dólares al año (la Fundación Vida Silvestre Argentina estima que la cifra se acerca a los 400 millones de dólares). Sea como fuere, se trata de una estructura delictiva compleja, con enormes ramificaciones, prolijamente aceitada y estrechamente vinculada con el comercio de armas y drogas, y con el contrabando en cualquiera de sus ramas: en todos los casos, se falsifican documentos oficiales, se sobornan autoridades, se evaden impuestos y se realizan declaraciones fraudulentas. En el caso particular del comercio ilegal de especies, esta actividad genera competencia desleal, perjudica a los comerciantes que cumplen con la ley, sobreexplota las especies permitidas, vulnera más las poblaciones de especies amenazadas y pone en riesgo las posibilidades de aprovechar correctamente la naturaleza en el presente y en el futuro.

Quien piense que el tráfico ilegal de loros, monos, plantas y serpientes -permítase la simplificación- es un género menor en el mundo del delito se equivoca.

Esta ancha y oscura ruta del contrabando y el mercado negro en la Argentina muestra varios carriles. Uno de ellos es el de las especies animales. Precisamente a esa franja -y tomando como referencia el norte argentino, una de las regiones más críticas- apunta esta investigación.

Hay en el mundo más de 13.000 especies conocidas de mamíferos y aves, así como miles de reptiles, anfibios y peces, millones de invertebrados y alrededor de 250.000 plantas con flores. El comercio internacional no regulado de especies es responsable de una considerable disminución del número de muchas de ellas.

En 1973, los principales países tomaron conciencia de la magnitud de la sobreexplotación de las especies y eso los llevó a redactar el primer tratado internacional con el propósito de proteger la fauna y flora silvestre e intentar, de ese modo, frenar el comercio de especies en peligro de extinción.

Así, en Estocolmo, Suecia, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -Cites, sus siglas en inglés- entró en vigor el 1° de julio de 1975. Actualmente cuenta con la adhesión de 150 países miembros, entre ellos, la Argentina.

La División Preservación Ambiental, de Gendarmería Nacional; la División Prevención del Delito Ecológico, de la Policía Federal Argentina; la Dirección General de Aduanas; la Prefectura Naval Argentina, y la Policía Aeronáutica Nacional son los organismos de control que trabajan estrechamente con la Dirección de Fauna y Flora Silvestres de la Nación.

En los aeropuertos de jurisdicción de los escuadrones de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), la Sección Medio Ambiente es la encargada de la aplicación de la legislación nacional y provincial referida a especies silvestre.

La PAN comenzó a desarrollar tareas de control sobre el tráfico de fauna en los aeropuertos de su jurisdicción en 1992. Desde entonces ha retenido 2500 animales vivos, 2000 trofeos de caza, 3000 productos y subproductos de fauna y flora silvestres, y 3500 especies vegetales, entre orquídeas, cactos y árboles nativos.

Por su lado, el Servicio de Protección Ambiental de la Gendarmería Nacional informó que -sirviendo esto como ejemplo de las cantidades que se manejan- sólo en un operativo realizado en marzo de 1999 fueron decomisados 1674 cueros de iguana y 200 cueros de carpincho. Recientemente, el 3 de abril, en un paraje llamado Cienego Ancho, departamento de Los Andes, Salta, el Escuadrón 22 de Gendarmería de San Antonio de los Cobres secuestró 213 cueros de vicuña, valuados en 25.000 dólares; 70 kilogramos de carne de vicuña fresca; tres cabezas completas de esta especie; 490 plumas de ñandú petiso o cordillerano, cuyo valor se acerca a los 5000 dólares; 12 burros; efectos de taxidermia, armas y 34 kilogramos de hojas de coca. Este procedimiento fue el más importante de los últimos cinco años relacionado con el comercio ilegal de vicuñas, que figura en el Apéndice II de la Cites.

El biólogo argentino Obdulio Menghi, integrante del grupo de trabajo de la Unión del Fondo Mundial para la Naturaleza y ex coordinador científico de la Cites, sostiene que en lo que se refiere al comercio de fauna y flora el mundo está dividido en países consumidores y productores. "Dentro de los consumidores -aclaró-, están los países ricos -Japón, Estados Unidos y los europeos- y los países productores de fauna, como los africanos, los de América latina y una gran parte de Asia. Hay países como Vietnam, China, Indonesia, Malasia, con grandes recursos naturales, que están empezando a despertar."

Los archivos de la PAN, a través de sus distintos escuadrones, sirven como ejemplo de esta lucha sin tregua. Basta con recorrer sus páginas para tener una idea exacta de la magnitud de este tipo de contrabando y de las artimañas de sus protagonistas.

En el aeropuerto de Ezeiza, por caso, se recuperaron, en diferentes operativos, 884 loros rey papua; 11 papagayos azules, en un avión de la compañía Aeroflot; 30 tortugas de tierra que se trasladaban dentro de medias de nylon y sujetas al cuerpo de un mismo pasajero; 84 monos tití pincel, ocultos en las bodegas de otra máquina de Aeroflot en tres cajas de madera cubiertas con fundas de tela. Las cajas estaban identificadas con permisos de Ecuador para aves vivas.

En enero de 1999, esta vez en el aeropuerto de Córdoba, los equipos de rayos X detectaron animales vivos en dos cajas de cartón, no mucho más grandes que las de galletitas, cerradas herméticamente. Lo que se trataba de contrabandear eran diez loros (de la especie loro hablador), diez catitas y seis tortugas de agua, originarias de Estados Unidos. Todos estaban al borde de la asfixia. Y se sostiene que, aunque tan sólo sobreviva un treinta por ciento de los animales, el contrabando, si prospera, resultará exitoso. Ese es el márgen de rentabilidad asegurada. Otros aeropuertos críticos, por la zona de influencia, son los de Resistencia, Chaco, e Iguazú, Misiones. Mientras en el primero es incontable la cantidad de pescados (dorado, pacú, surubí, boga, sábalo, palometa) que se decomisa tras ser descubierta en el interior de bolsos de mano, valijas y hasta en los jet paq, en Iguazú la tarea apunta a interrumpir el contrabando de loros y monos, generalmente adquiridos a cazadores furtivos y aborígenes.

Un trabajo de investigación realizado por Carolina Salem Bersais, analista en contaminación y ecología, apoyada por la Fundación Vida Silvestre Argentina, da cuenta de que animales como el gato montés, ocelote, yaguareté, gato de los pajonales, zorro gris, zorrino, lobito de río, zorzal colorado y tucán, entre otros, son algunas de las especies prohibidas en nuestro país para su comercialización.

"La lucha contra el tráfico de vida silvestre -explica- deberá apuntar a eliminar las operaciones ilegales y corregir las deficiencias del comercio legal. Es importante informarse sobre la legislación si esperamos que sea aplicada y queremos participar en la solución de esta situación. Ningún esfuerzo será en vano, porque la cadena es larga, y somos parte importante que la afecta notablemente: somos los potenciales consumidores, los posibles demandantes que hacemos que este tráfico aún continúe y se incremente. A veces, por modas, egoísmos posesivos o gustos superfluos."

Salem Bersais sostiene que "esto no es un simple problema que preocupe a unos cuantos fanáticos que defienden a los animales, sino que es un problema ambiental que incluye varios agentes y factores involucrados".

Existe una muy bien estructurada cadena de tráfico que cuenta con acopiadores en las provincias, transportistas, cazadores solitarios, distribuidores a minoristas en las grandes ciudades, comerciantes, empresarios, funcionarios, público consumidor y, finalmente, exportadores ilegales, siendo éstos los que se quedan con la mayor parte del beneficio de la venta y los menos expuestos al accionar de la Justicia.

La analista resume de este modo el circuito comercial, legal e ilegal.

Animales vivos: para el mercado de mascotas (loros, monos...).

Cueros y pieles: para fabricar indumentaria (felinos, zorros, boas, lagartos y yacarés).

Arboles: para la industria maderera (algarrobo, cedro, alerce, quebracho y araucaria).

Plantas ornamentales: orquídeas, helechos, cactos.

Animales embalsamados: como curiosidades regionales, en anticuarios o ferias artesanales (peludos, sapos, crías de yacaré, aves de caza deportiva).

Invertebrados muertos: para cuadros decorativos, o pequeños fanales con mariposas, escarabajos y otros insectos de colección.

Plantas comestibles: palmitos, extraídos de la yema de crecimiento de distintas palmeras.

Plantas medicinales: peperina, cedrón, culantrillo...

"Por lo general, se cree que el único responsable del comercio ilegal de fauna es el traficante", dice Claudio Bertonatti, coordinador de Información Ambiental de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y agrega: "Pero, desde los cazadores hasta el público consumidor participan de estos hechos ilícitos por falta de conciencia, de información o de una conducta más solidaria o ética. Sin embargo, no todos están en igualdad de condiciones. Hay muchas personas que si no cazan (legal o furtivamente) no comen. Por eso, nosotros entendemos que donde hay pobreza y marginalidad no es posible administrar correctamente los recursos naturales y, por consiguiente, conservarlos. Con una política indiferente a las necesidades socioeconómicas, el manejo de los recursos naturales será difícil".

En buena medida, el comercio ilegal de especies se apoya en el desconocimiento que tiene la mayoría de las personas sobre las especies que está permitido vender y las que no lo están. "Existen muchos comercios -agrega Bertonatti- y puestos de mascotas en ferias, como las de Villa Dominico y Pompeya, y el Mercado de Frutos del Tigre, donde se vende este tipo de animales con controles legales o sanitarios insuficientes, deficientes o inexistentes."

Para el mayor Luis Angel Fontana, jefe del Departamento Leyes Especiales de la Dirección Nacional de Policía Aeronáutica, todo esto obedece a cuestiones políticas y, en general, hay poca conciencia sobre la gravedad del problema.

"Según el nivel que tenga el funcionario -explica- se aprecia más o menos conciencia de lo que sucede. En el nivel de directores, que son funcionarios de carrera y técnicos, hay una gran conciencia. Pero el problema se agiganta cuando ese poder pasa a la órbita política. Fíjese en el caso de las provincias, por ejemplo. Los gobiernos provinciales miran de reojo esta cuestión. Ellos están en otra cosa porque, dicen, sus mayores necesidades pasan por otro lado. Yo le diría que, desde Córdoba hacia el Norte, todo es muy vulnerable. Creo, de todos modos, que se está haciendo un buen trabajo en los aeropuertos. Ha bajado mucho el nivel de lo que nosotros denominamos el chiquitaje, el contrabando hormiga; pero, claro, es más fácil controlar un aeropuerto que mil kilómetros de frontera".

Para graficar las dificultades que atraviesan los organismos de control y la falta de decisión política para contrarrestar el comercio ilegal de fauna, el mayor Fontana señala: "La Policía Aeronáutica Nacional es Nodo del Sistema de Información Ambiental (N.de la R: cada una de las computadoras o sistemas inteligentes que se encuentran conectados dentro de una red). Este sistema abarca todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales relacionados con el tema. De acuerdo con la jerarquía del organismo, se constituye en Nodo. ¿Usted puede creer que la página de la Policía Aeronáutica, como Nodo, es la más importante frente a la del Ministerio de Ecología u otros organismos provinciales del medio ambiente? No, no puede ser. Pero es así. De hecho, la misma Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente utiliza nuestra página para publicitar el Sistema de Información Ambiental".

Doscientos kilómetros separan la ciudad de San Salvador de Jujuy de Pichanal -departamento de Orán-, un pueblito de la vecina Salta sobre la ruta 34, que conecta, 156 kilómetros más al Norte, con Salvador Mazza, a 1800 kilómetros de Buenos Aires y frontera con las localidades bolivianas de San José de Pocitos y Yacuiba.

De Pichanal hacia el Noroeste se abre también la ruta provincial 5. Luego de transitar 104 kilómetros, se llega a Aguas Blancas, otra de las fronteras con Bolivia. Un poco más arriba, está Cañas. Por ese paso se accede a Tarija.

Visto en el mapa, es un triángulo invertido: Pichanal es su vértice inferior, y las dos fronteras, los extremos superiores.

El río Grande de Tarija es el límite natural, en el Este, de esta cuña de territorio boliviano en territorio argentino. El río Grande corre paralelo a la ruta 34 (ver infografía).

Según con quien uno hable, a esta vasta región se la menciona de diferentes maneras aunque sin modificar la idea de lo que se quiere reflejar. Así, mientras policías y gendarmes hablan de zona crítica y caliente, los ecólogos y conservacionistas se refieren al lugar como el Tucson de la Argentina o, también, como el triángulo argentino-boliviano Pichanal-Cañas-Yacuiba. Los lugareños, por su parte, hace rato la han bautizado tierra de nadie.

Este tramo de la ruta 34, así como la ruta 5 y la zona de influencia, no es otra cosa que la puerta de entrada del comercio ilegal de flora y fauna silvestres del norte argentino, circuito estratégico del tráfico de droga, agreste escenario de toda clase de contrabando.

Por aquí ingresa la cocaína desde Bolivia. Por aquí transitan los burros aquerenciados, denominación que se ha dado a estos animales que, adiestrados para cruzar solos la frontera por senderos estrechos, transportan pasta base de cocaína desde Bolivia para regresar, luego, cargados de cueros de vicuña. Por aquí, por las correntosas aguas del río Grande, en las noches de luna clara se puede ver cómo flotan los chanchos, bultos envueltos con plástico repletos de hoja de coca que la corriente arrastrará de una orilla a otra. Más de tres millones y medio de dólares en hoja de coca se trafican mensualmente mediante este sistema.

Por aquí ingresa un promedio mensual de mil cartones de cigarrillos (a tres pesos el cartón que luego se venderá en diez), artículos electrónicos y prendas de vestir que se comercializarán ilegalmente en todo el país.

Por aquí ingresan las especies exóticas -aves, reptiles y mamíferos- de Santa Cruz de la Sierra.

Y desde aquí, desde este norte crítico y vulnerable, se planifica el circuito interno de animales para abastecer el mercado local y, mucho más redituable todavía, exportar, desde Ezeiza y el puerto de Buenos Aires, a Europa y Estados Unidos: un papagayo azul capturado en Santa Cruz de la Sierra es vendido en Yacuiba en 50 dólares; quien lo compre, lo revenderá en el mismo lugar a 250 dólares; ya en nuestro país, se pedirá entre 2000 y 5000 dólares y quien lo exporte a Europa sabe que allá el precio oscilará entre 5000 y 10.000 dólares, según la especie y sus características.

Los partes de contrabando que maneja la Sección Aguaray, de Gendarmería Nacional -un puesto a treinta kilómetros de la frontera con Yacuiba-, no dejan resquicio de duda sobre lo que ocurre en esta parte del norte argentino. Indican que, en marzo de 1998, se confeccionaron 46 partes de contrabando; en marzo de 1999, 420; y, en marzo de este año, la cifra alcanzó a 481 partes.

Escasamente poblada, con lugares de difícil acceso y manejada por acopiadores ilegales vinculados con cazadores furtivos que responden a contrabandistas de peso (se los denomina caciques), la región, este triángulo que se mencionaba antes y el sector que corresponde al Chaco salteño, es mucho más que un campo propicio para el delito; es, desde siempre, un inmenso teatro de operaciones donde conviven poderosos caciques, bagayeros (los que realizan el llamado contrabando hormiga), paseros (los que intentan pasar la frontera con bolsos repletos de mercaderías), mulas (los que trafican droga de un país a otro), camellos (los que transportan cápsulas con cocaína en sus estómagos), acopiadores y cazadores furtivos amparados por los corruptos de siempre y mimetizados en poblaciones donde manda la miseria.

"El comercio ilegal de fauna -sostiene Arturo Canedi, director de Estudios de Fauna Silvestre de la Universidad de San Salvador de Jujuy- se da necesariamente porque hay un amparo político y una asociación con lo peor de las fuerzas de seguridad, que comparten el negocio con los acopiadores ilegales, algunos, incluso, con comercios habilitados que los usan de pantalla."

"Nuestros legisladores no conocen la realidad -dice el comandante Pablo Alberto Silveyra, jefe de la Sección Aguaray (aguada del zorro, en guaraní), Salta, de Gendarmería Nacional-. No tenemos las armas legales para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Si hay corrupción en la fuerza? Y, malandras hay en todas partes... pero tratamos de depurar. El mayor problema en cuanto a corrupción lo tenemos con los suboficiales jóvenes, sobre todo en el tema del narcotráfico."

"Seguro que existe el amparo político -confirma el comandante principal Miguel Angel Hidalgo, jefe del escuadrón 52 de Tartagal-. Y también algunos integrantes de las fuerzas de seguridad hacen lo suyo para que estos ilícitos se lleven a cabo. No debemos ser ilusos, esto existe."

El subalférez Oscar Marcelo Pauluk, de 24 años, explica que, más que el tráfico de animales, lo peor que está pasando en la región es la tala indiscriminada de árboles. "Si esto sigue así, en cinco años nos quedamos sin monte. Pero acá es la historia de siempre: yo me cansé de invitar a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y otros organismos, como la Fundación Vida Silvestre, para que vengan y vean cómo es en verdad esta realidad y jamás logré que venga nadie. Y otra cosa: nosotros todavía nos estamos manejando con el manual Cites de 1985. Ni siquiera el manual de especies prohibidas nos han actualizado."

Encuadrar el comercio ilegal de especies sólo como una de las tantas variantes del delito, es un reduccionismo. Otros factores, bajo cuya responsabilidad está el poder político, se asocian e influyen fuertemente para configurar, luego, un ilícito. Un oficial de Gendarmería de Salta, que pidió expresamente no ser identificado, dijo: "Si en la Argentina se evaden impuestos por miles de millones de dólares y nadie va preso, ¿por qué van a meter preso a un tipo por contrabandear un papagayo? Si hay funcionarios de alto nivel en algunas provincias que son acopiadores ilegales de fauna, ¿por qué tenemos que incautar un tucán cazado por un aborigen que lo captura para no cagarse de hambre?" "A veces este trabajo me asquea -diría, luego, un joven alférez de Aguaray, que también pidió el anonimato-. Enfrente de mi casa vive un acopiador grande y no hay ley que lo condene. Yo no puedo hacer nada porque es mi vecino y tengo hijos. Esa gente es muy pesada, no andan con vueltas. Ahora, eso sí, acá, en el puesto de control, si detecto un chango con un loro se lo tengo que incautar."

La necesidad de la gente en vastos sectores del país hace que la caza se convierta, por poco, en único recurso para la subsistencia: o cazan para comer -víboras, tucanes y hasta comadrejas- o cazan para vender y juntar algunos pesos que nunca serán tantos como los que reciben los caciques, y jamás serán tantos como los que embolsan los acopiadores y exportadores ilegales.

El doctor Osvaldo Valbuena, de la Dirección de Bosques de la provincia de Jujuy, cuenta que por cada tucán vendido en 100 pesos, el cazador recibe, con suerte, entre 5 y 8 pesos. El cazador furtivo es el que más necesita y el que más se expone.

"La falta de políticas adecuadas -remarca Canedi- causa más estragos que la caza furtiva. Es lo que está pasando en Jujuy con las vicuñas. En lugares alejados la miseria es tan enorme que el lugareño caza vicuñas con perros y hondas porque ni siquiera tiene plata para comprar cartuchos de escopeta. ¿Y sabe usted qué es lo primero que comen del animal? Los sesos y las médulas óseas, por la simple razón que son las partes con mayor cantidad de proteínas."

En Jujuy, los puesteros de estancias, o pastojeros, cazan con trampas en mayor escala para reclutar todo tipo de especies silvestres: zorros, gato montés, armadillos. "A la falta de control -agrega Canedi- hay que sumarle que, por lo menos en esta provincia, grandes extensiones de tierra no están delimitadas legalmente. Todavía hay quienes para señalar sus propiedades dicen: empieza por allá, en aquella montaña. Y las dificultades siguen: ¿cómo puede ser que las 585.000 hectáreas del parque Olaroz Cauchari, en el departamento de Susques, estén bajo control de un solo guardafauna que, encima, lo único que tiene para movilizarse y proteger la fauna es una bicicleta?"


Se nos había advertido que el triángulo Pichanal-Cañas-Yacuiba, así como la ruta 81, que nace en la 34, a pocos kilómetros de Embarcación y que atraviesa la zona central del Chaco salteño, es, desde hace muchos años, uno de los puntos más peligrosos del país por sus características geográficas. Montes cerrados, cuando no espinosos; extensísimas fronteras con escasa vigilancia; inmensos campos que favorecen la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas y poblaciones dominadas por la miseria, la necesidad y el temor; temor tanto a la represalia de los contrabandistas y traficantes como al accionar de Gendarmería y la Dirección de Fauna cada vez que realizan operativos para combatir la caza furtiva de especies silvestres.



Se nos había advertido de gente armada con revólveres en la cintura a la luz del día. Circunstancia esta que la Revista no pudo comprobar. Sí se pudo observar, en las rutas, hombres en bicicleta con sus escopetas al hombro en busca de aves para su propia subsistencia.

Pichanal, un pueblito de escasos 7000 habitantes y con un altísimo porcentaje de desocupación, tapizado por jornaleros de bocas infladas por el acullico (bolo de hojas de coca) mientras esperan en las esquinas que alguien los levante en camiones para ir a trabajar a los campos a 10 pesos el día, no inquieta más que, por ejemplo, caminar de noche por cualquier suburbio del Gran Buenos Aires.

Pero es notable el silencio cómplice que se instala en la gente cuando se trata de averiguar sobre la caza, los cazadores y la venta de fauna silvestre. Tampoco acá hay que confundir. Muchos cazan porque no tienen otra opción.

"Pichanal es muy pesado -dijo un oficial de la Policía Aeronáutica Nacional, que desde hace tiempo viene realizando investigaciones en la región-. El tráfico de especies allá es, en realidad, una gran pantalla para el negocio mayor, que es el narcotráfico."

En Embarcación, a cincuenta kilómetros de Pichanal, Hugo, de 28 años, cuenta que caza loros y los vende a un acopiador de Salta a 5 pesos por pieza. "Es lo único que puedo hacer, porque trabajo no hay. Yo tengo sesenta trampas para loros y cazo de septiembre a diciembre. En un mes, con suerte, me hago de ciento cincuenta loros. Un acopiador de Salta es el que más me compra, pero también aparecen por mi casa tipos muy raros, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba. Ellos vienen, me encargan cierta cantidad, me pagan y se van. No los conozco, ni me importa conocerlos. Cuanto menos sepa de ellos, mejor. ¿Vos no serás de la Dirección de Fauna, no?" Roque Peralta, nuestro guía ocasional en Embarcación, dice que "el chango tiene miedo de hablar porque si le quitan las trampas se muere de hambre. Yo mismo, la semana pasada, vendí dos loros a un camionero que me pagó 10 pesos. ¡Te imaginás lo que son 10 pesos para mí! Con eso, mi familia come tres días."

Próximo domingo, última nota: Yacuiba, el mercado persa boliviano. La historia del uruguayo, el mayor acopiador de fauna de la región. La diaria batalla entre los paseros y la Gendarmería en la espesura del monte salteño. Entrevista a un contrabandista. Las penas de los quinteros de El Bananal y el temido Sector cinco, en Salvador Mazza, la frontera caliente.

Texto: Jorge Palomar
Fotos: Daniel Pessah

"Acá está la papa"

Casi tres días costó dar con Héctor Hugo Romero, un marplatense de 47 años radicado en Pichanal desde 1988 y a quien todos llaman Cachorro. Sobre la puerta de madera de su casa, en las afueras del pueblo, hay una letra pequeña pintada de negro, la K, que antecede a una palabra pintada de rojo: chorro.

"Nunca falta un boludo en el pueblo", se defiende este hombre de voz dura, conocido como el mejor cazador del norte argentino. Romero es un acopiador de fauna silvestre; un cazador con permiso -según él- de la Dirección de Fauna de la Nación, pero con una fama que lo ubica más en la oscuridad que en la luz. Desde Yuto, en Jujuy, hasta Yacuiba, en Bolivia, todos lo conocen. Un lorero de Embarcación, un ex camionero de 62 años, lo definió así: "Todo el mundo sabe que tiene buenos contactos".

Consultado por la Revista, el licenciado Marcelo Silva Cromme, de la Dirección de Fauna de la Nación, negó que Héctor Hugo Romero sea, como afirma, el titular del registro de caza número 045. "Ese número corresponde a una peletería de Buenos Aires, y está asentado desde 1986. Quizá deberían chequear con Fauna de la provincia de Salta." En los archivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta no existe ningún registro a nombre de Héctor Hugo Romero. Figura, en cambio, Néstor Rubén Romero, pero su permiso venció en 1997. No sólo está vencido, sino que el número le pertenece, en realidad, a quien le compra los animales que caza: Ismael Enrique Rodríguez, un comerciante autorizado por Medio Ambiente de Salta para "comercializar únicamente catitas comunes, cueros de iguana y loros. Todo otro animal le está prohibido".

"Me vine de Mar del Plata porque acá, aunque no lo creas, está la papa", se ufana el Cachorro, seguro en cada respuesta y a la vez inquieto ante cada foto. "Yo hago todo legal... la semana anterior le mandé al Negro Rodríguez 200 loros y embolsé una luca. Ahora, lo que hace con los animales, es asunto suyo."

-Supongo que caza de todo.

-Ahora estoy más con loros y tucanes. Es una caza fácil, rápida y deja buena plata. Pero no le hago asco a nada: monos, pumas, víboras, yacarés. Lo que ande por el monte, lo capturo.

-¿Cuánto redondea en un mes de mucha demanda?

-Y... digamos unos dos mil pesos, por lo bajo, ¿vio?

-¿Sabe que tardamos tres días en ubicarlo?

-Algo me contaron. La gente acá es muy callada...

-También que usted no tiene buena fama.

-¿A vos te importa?

-No, particularmente.

-A mí tampoco.

-¿A cuánto vende usted los tucanes?

-Hasta en 200 pesos; cobro 50 por cada uno. Los monitos, a 80.

-¿Y un papagayo?

-Ah, eso es otro precio. Los vendo a 500 pesos. No son fáciles de capturar. El papagayo caché, que es multicolor, lo venden en Buenos Aires a 5000 pesos.

Los más cotizados




Las dos caras del comercio ilegal: sólo el 30 por ciento de las aves que ingresan clandestinamente sobrevive


Tatú Carreta. Chaco. Coleccionistas y zoológicos privados: 300.000 a 500.000 dólares. Apéndice I de Cites: comercio prohibido.
Aguará Guazú, o lobo de crin. Corrientes, Misiones y Formosa. Coleccionistas, zoológicos privados, piel: 30.000 dólares. Apéndice II de Cites: comercio regulado con cupos anuales.
Papagayo azul, o guacamayo violáceo. Misiones y Corrientes. Zoológicos privados: De 5000 a 10.000 dólares. Apéndice I.
Boa lampalagua. Noroeste, parte de Cuyo y Formosa. Coleccionistas, zoológicos privados, cuero: 1500 dólares. Apéndice II.
Mono Carayá. Misiones, Corrientes, Salta, Formosa y Chaco. Coleccionistas, zoológicos: 900 dólares. Apéndice II.
Yacaré. Misiones y Corrientes. Cuero: 500 dólares. Apéndice II.
Escuerzo. Noroeste y centro del país. Coleccionistas: 200 dólares. Apéndice II.
Tortuga de tierra. Franja central desde el río Pilcomayo hasta el Colorado. Mascotas: 10 a 30 dólares. Apéndice II.
Loro hablador. Bosque chaqueño. Mascotas: 500 dólares. Apéndice II.
Ñandú. Región central y Patagonia. Cuero, carne y plumas: 150 dólares. Apéndice II.
Víboras de cascabel y yarará. 2000 dólares. Apéndice II.
Tucán. Norte de Salta, Misiones, nordeste de Formosa. 200 dólares. Apéndice III, comercio regulado por pedido de un país parte.
Vicuñas: región noroeste. Entre 300 y 350 dólares el kilogramo de fibra. Cuando se la procesa hasta convertirla en lana, el precio asciende a 1000 dólares el kilogramo. Un poncho de vicuña se vende en nuestro país por encima de los 1500 dólares. En Europa, esta prenda está valuada entre 4000 y 5000 dólares.
Fuentes: Ambiente Ecológico/Planeta Verde y Revista La Nación, sobre investigación propia

No hay comentarios.:

;