NO HAY BANDA QUE NO TENGA CONEXION POLICIAL
La policía y la droga
LA sospecha generalizada acerca de la participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en acciones delictivas ha cobrado mayor cuerpo en los últimos tiempos. Dicha circunstancia genera un grave problema institucional, toda vez que los protagonistas de esos hechos son quienes deben velar por el cumplimiento de la ley. Lamentablemente, los malos ejemplos abundan.
Hace pocos meses, dos altos jefes de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de Zarate-Campana fueron detenidos por orden del juez federal de dicha jurisdicción, acusados de tener vínculos con una banda de narcotraficantes.
Más recientemente, dentro del operativo Oro Blanco, se anunció el decomiso de 520 kilogramos de cocaína y más tarde se comprobó que esa cantidad se había reducido sorpresivamente a 311 kilos, según lo determinó el pesaje que realizó Gendarmería Nacional por pedido del juez de la causa, quien se comprometió a investigar si había existido un faltante de droga. El caso involucró a la policía bonaerense, que frustró la operación al detener un camión procedente de Santiago del Estero.
Ahora, la atención está dirigida hacia el norte del país, donde hace pocos días ocurrió un confuso episodio que tuvo como protagonistas a cuatro policías federales que iban a bordo de un vehículo perteneciente a la Delegación Salta de la Policía. Al sufrir un accidente, quedó al descubierto que en el auto había 116 kilogramos de cocaína con destino incierto. Los policías están detenidos a disposición del juez federal de Jujuy, Mariano Cardozo, y las circunstancias y los hechos que se conocen del caso exigen una rápida y contundente aclaración de todos y cada uno de ellos, así como una completa explicación sobre la actuación que tuvieron los agentes del orden.
Los policías dijeron que la droga correspondía a un procedimiento hecho en Salvador Mazza, en el cual no se había detenido a ninguna persona y que esa sustancia era trasladada a la ciudad de Salta, supuestamente por orden del juez federal de Oran, Raúl Reynoso. Después se comprobó que en el libro de novedades de la delegación salteña no se había asentado ningún procedimiento que culminara con el secuestro de la droga, como tampoco los movimientos del personal policial que condujeron a ese operativo. Asimismo, el doctor Reynoso manifestó que no había impartido directiva alguna en cuanto al traslado de la droga, aunque sí se le había informado de un procedimiento sin que se le diesen mayores detalles de la droga secuestrada.
Resulta imprescindible despejar las graves dudas planteadas a partir de las inconsistencias e inexactitudes respecto de la actuación de los funcionarios policiales involucrados con los 116 kilos de cocaína. Para ello, no sólo será necesario esperar a que se resuelva la cuestión de competencia planteada entre los jueces federales intervinientes, sino también impedir que se obstaculice la investigación para determinar las responsabilidades de los policías.
Cuando quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana defraudan la confianza de la sociedad, no sólo se pierden la credibilidad y el prestigio en la fuerza policial y en el propio Estado, que no la controla; también se rompe uno de los pilares en los que se asienta la convivencia social. El narcotráfico ha mostrado, una vez más, su poder corruptor, capaz de comprar voluntades y penetrar en instituciones y estructuras del Estado que fueron creadas para combatirlo.
LA sospecha generalizada acerca de la participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en acciones delictivas ha cobrado mayor cuerpo en los últimos tiempos. Dicha circunstancia genera un grave problema institucional, toda vez que los protagonistas de esos hechos son quienes deben velar por el cumplimiento de la ley. Lamentablemente, los malos ejemplos abundan.
Hace pocos meses, dos altos jefes de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de Zarate-Campana fueron detenidos por orden del juez federal de dicha jurisdicción, acusados de tener vínculos con una banda de narcotraficantes.
Más recientemente, dentro del operativo Oro Blanco, se anunció el decomiso de 520 kilogramos de cocaína y más tarde se comprobó que esa cantidad se había reducido sorpresivamente a 311 kilos, según lo determinó el pesaje que realizó Gendarmería Nacional por pedido del juez de la causa, quien se comprometió a investigar si había existido un faltante de droga. El caso involucró a la policía bonaerense, que frustró la operación al detener un camión procedente de Santiago del Estero.
Ahora, la atención está dirigida hacia el norte del país, donde hace pocos días ocurrió un confuso episodio que tuvo como protagonistas a cuatro policías federales que iban a bordo de un vehículo perteneciente a la Delegación Salta de la Policía. Al sufrir un accidente, quedó al descubierto que en el auto había 116 kilogramos de cocaína con destino incierto. Los policías están detenidos a disposición del juez federal de Jujuy, Mariano Cardozo, y las circunstancias y los hechos que se conocen del caso exigen una rápida y contundente aclaración de todos y cada uno de ellos, así como una completa explicación sobre la actuación que tuvieron los agentes del orden.
Los policías dijeron que la droga correspondía a un procedimiento hecho en Salvador Mazza, en el cual no se había detenido a ninguna persona y que esa sustancia era trasladada a la ciudad de Salta, supuestamente por orden del juez federal de Oran, Raúl Reynoso. Después se comprobó que en el libro de novedades de la delegación salteña no se había asentado ningún procedimiento que culminara con el secuestro de la droga, como tampoco los movimientos del personal policial que condujeron a ese operativo. Asimismo, el doctor Reynoso manifestó que no había impartido directiva alguna en cuanto al traslado de la droga, aunque sí se le había informado de un procedimiento sin que se le diesen mayores detalles de la droga secuestrada.
Resulta imprescindible despejar las graves dudas planteadas a partir de las inconsistencias e inexactitudes respecto de la actuación de los funcionarios policiales involucrados con los 116 kilos de cocaína. Para ello, no sólo será necesario esperar a que se resuelva la cuestión de competencia planteada entre los jueces federales intervinientes, sino también impedir que se obstaculice la investigación para determinar las responsabilidades de los policías.
Cuando quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana defraudan la confianza de la sociedad, no sólo se pierden la credibilidad y el prestigio en la fuerza policial y en el propio Estado, que no la controla; también se rompe uno de los pilares en los que se asienta la convivencia social. El narcotráfico ha mostrado, una vez más, su poder corruptor, capaz de comprar voluntades y penetrar en instituciones y estructuras del Estado que fueron creadas para combatirlo.
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