Por reincorporar policías pagaron tres millones
(vea al final)
Aunque no lo crea,es un coronel jefe de la mazmorra provincial y confesó:
“No sabemos si el interno pidió permiso para ir al baño o si aprovechó un recreo”, afirmó el funcionario.Lo que es seguro es que el penitenciario que custodiaba al estudiante no sacó su arma en ningún momento “para no alterar a los otros presentes en la Universidad”
¿Ud. le cree?
¿INSUFICIENCIA NEURONAL O CRETINISMO IRREVERSIBLE?
Si llegó a coronel del Ejército Argentino se supone que pasó los exámenes, por lo que no se comprende que sea cierto que haya declarado tamaña impertinencia-
¿O es cierto que toda fuga se paga?
"Las bandas recaudan para pagar a los abogados y cuando la cosa no sale bien, hay que
"engrasar" y obtener la fuga..."(sic)
Total los jueces no investigan nada.
Un preso con permiso para estudiar se escapó corriendo de la Universidad.-
Está condenado a nueve años de cárcel por tomar a una familia como rehén en el 2003 luego de cometer dos asaltos. Tiene varios antecedentes y es oriundo de Córdoba.
El horizonte de Cristian Juhel, un joven cordobés de 27 años que cumple una condena de 9, estaba en la psicología. O por lo menos eso les hizo creer a todos quienes participaron de alguna forma en el engorroso trámite que lleva a un interno de la Penitenciaría Provincial a las aulas universitarias.
Una tarde, mientras el preso cursaba el preingreso a la carrera en la Universidad Nacional de San Luis se escapó corriendo por una de las tantas puertas que ofrecen las aulas del cuarto bloque, en el Rectorado de la casa de estudios. Juhel habría salido del aula con un permiso para ir al baño.De todas formas, las circunstancias previas a la huida no están aclaradas, según informó el jefe del Servicio Penitenciario, Guillermo López.
“No sabemos si el interno pidió permiso para ir al baño o si aprovechó un recreo”, afirmó el funcionario.
Lo que es seguro es que el penitenciario que custodiaba al estudiante no sacó su arma en ningún momento “para no alterar a los otros presentes en la Universidad”, dijo López.
El agente sólo ensayó una persecución que dio por terminada cuando el preso le había sacado una distancia considerable.Cuando un interno sale a estudiar es acompañado por uno o dos guardiacárceles vestidos de civil que tratan de guardar distancia del custodiado, para no delatarlo delante de sus compañeros. “El custodio no se sienta al lado del interno”, aclaró López.
El lunes, el joven fue vigilado sólo por un efectivo.En la ley de ejecución penal está contemplado el derecho a estudiar que tienen las personas privadas de la libertad. Para acceder a ese beneficio los internos tienen que tramitar un permiso especial en el Juzgado de ejecución de sentencia.
Previo a las salidas a los centros educacionales, los internos deben sobrepasar un examen que toman en la Penitenciaría profesores universitarios a personas mayores de 25 años que no tienen los estudios secundarios completos. De los 24 presos que se presentaron el año pasado para las carreras universitarias , sólo cinco pasaron esa prueba. Juhel fue uno de ellos.“Es una persona muy inteligente, que sabe lo que le espera por romper el código de confianza que le brindó el Servicio”, dijo López.
El jefe del penal se refiere a que, en caso de ser encontrado, Juhel —quien gozaba de las salidas hacia la Universidad desde el 1 de febrero— se verá impedido de los beneficios conseguidos hasta el lunes. Entre ellos están las salidas más prolongadas que podría haber tenido desde abril, cuando cumplía la mitad de la condena.Pocas horas antes de salir del penal hacia la Universidad, el interno mantuvo una entrevista con López en la que se mostró entusiasmado por el estudio y le dijo que había sido muy bien recibido por sus compañeros de Psicología. Incluso algunos se ofrecieron a ayudarlo a estudiar para los exámenes. Aquel raidJuhel es uno de los tres delincuentes que el 8 de abril del 2003 hizo movilizar a toda la Policía en la primer toma de rehenes con negociación que tuvo la Provincia.
Fue en un aserradero de la ruta 147 donde el trío de ladrones se refugió luego de asaltar un comercio de productos plásticos y una expendedora de nafta en Villa de la Quebrada.Además, en su intinerario los asaltantes maniataron y golpearon a dos policías a los que le robaron las armas.
En el lugar donde se escondieron de la Policía, los delincuentes mantuvieron cautivos a un matrimonio y a su hija y pedían que los dejaran escapar hacia Córdoba, de donde son oriundos. Junto a Juhel fueron condenados Carlos David Díaz y Miguel Marcelo Molina, también de Córdoba.
Cuando enfrentó el debate oral, Juhel ya había sido investigado por matar a una persona en un asalto, en 1997. Además fue procesado por “Encubrimiento” y tenía otras dos causas por asaltos.
Para evitar que saltaran esos antecedentes, cuando fue detenido por la Policía de San Luis dijo que se llamaba Nelson Martínez. Todos los delitos previos a la toma de rehenes los cometió en su provincia natal.
Pese a que López aseguró ayer que el comportamiento del preso en el penal era bueno, Juhel fue sindicado como uno de los cabecillas del último gran motín que ocurrió en la Penitenciaría Provincial, en el 2004..-
Han pasado varios meses y no se habló mas del tema.Es un condenado por homicidio y secuestro a nueve años y otros delitos gravísimos y solo se sabe que pagó más de $25.000 pesos por su libertad.-
http://controlpopularargentino.blogspot.com/2007/02/un-condenado-asaltante-y-secuestrador.html
Publicado por 101.5 Siempre Fm en la Noticia en 12:50 0 comentarios Vínculos a esta entrada
Allanamiento en el ministerio de Arslanian Investigan si policías pagaron coimas para ser reincorporados
En total, habrían abonado $ 3 millones
LA PLATA.- La Auditoría General de Asuntos Internos fue registrada por orden del juez de Garantías de esta ciudad Federico Atencio, en el contexto de una causa que investiga la presunta reincorporación de policías sumariados que para volver a la fuerza habrían pagado coimas por un total de tres millones de pesos.
El procedimiento fue realizado por los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo, a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata (UFIC), luego de una denuncia presentada por el ex subcomisario Walter Parnisari.
"Hay expedientes en los que se pasó de la exoneración a los 40 días de arresto o, directamente, casos en los que se levantaron las sanciones. Lo más grave es que hay policías procesados en causas con elevación a juicio; incluso encontramos uno condenado en primera instancia que está trabajando en la fuerza. Hay casos de homicidio, robos, fraude... además de abandonos de servicio y otras faltas habituales", dijo una fuente de la investigación.
El informante añadió que en otras fiscalías hay dos denuncias de policías a los que se les habría pedido dinero para evitar sanciones graves. "Estas presentaciones serán incluidas en el expediente y se les tomará declaración a los policías que habrían sido presionados por Asuntos Internos. A éstos y a los que menciona Parnisari", dijo la fuente.
Un funcionario de Asuntos Internos dijo ayer a LA NACION, aunque en off the record, que "es una denuncia antojadiza, sin sustento, presentada por un policía declarado prescindible".
La denuncia
El denunciante fue separado de la fuerza por una causa de extorsión y ahora, por ese delito, es juzgado por el Tribunal Oral N° 2 de esta ciudad.
Parnisari presentó la denuncia, en la que llega a involucrar al ministro León Arslanian, el 10 de este mes. La causa cayó en manos del fiscal Sergio Delucis, que se declaró incompetente. El expediente fue girado, finalmente, a la UFIC, y los fiscales que conducen esta unidad de instrucción le otorgaron valor a la denuncia, luego de chequear varios hechos. El juez Atencio también le otorgó valor y ordenó el procedimiento.
El viernes pasado, a las 13.10, llegaron los funcionarios judiciales a Asuntos Internos. Allí estuvieron varias horas y se llevaron 24 de los más de 60 expedientes que iban a buscar. El resto estaba en el archivo. Asuntos Internos se comprometió a buscarlos y enviarlos a los fiscales.
En la acusación, el ex subcomisario sostuvo que funcionarios de Asuntos Internos habrían pedido dinero a policías en disponibilidad para no exonerarlos, cesantearlos o declararlos prescindibles. Las sumas que, según Parnisari, habrían pagado los policías serían de entre 5000 y 25.000 pesos, hasta sumar 3.000.000 de pesos.
Dos de los casos mencionados por Parnisari habían tramitado en la UFIC: uno, por malversación de fondos, y otro, por fraude. Los fiscales habían elevado las causas a juicio y, sin embargo, "a los policías se les levantó la disponibilidad y se les asignó un destino en la fuerza", dijo una fuente del caso.
Se mencionó también el caso de dos policías acusados de lesionar a una prostituta y de fraguar actas policiales que, pese a ser condenados por la Justicia, continuaron trabajando en la fuerza.
El funcionario de Asuntos Internos dijo: "Sí, fueron condenados en 2003, en una gestión anterior a la nuestra, y no teníamos noticia de la condena. Cuando supimos de la denuncia, los desafectamos del servicio".
El expediente de este caso sería uno de los que estaban en el archivo; es decir, uno de los que el viernes pasado no pudieron llevarse los funcionarios de la Justicia.
Sobre los policías procesados y cuyas causas fueron elevadas a juicio, el funcionario dijo que para la Justicia aún eran inocentes y la Auditoría no estaba obligada a sancionarlos.
Sin embargo, al ex sargento Nahuel Suárez, que había denunciado a un grupo de policías por liberar, a cambio de una coima, a dos narcotraficantes, lo exoneraron hace pocos meses. Uno de los fundamentos para echarlo fue una causa judicial por filtrar información a la prensa: una causa archivada.
A los investigadores también les llamó la atención que policías que habían sido cesanteados luego fueran reincorporados tras aplicarles sanciones menores, como arrestos de 45 o 60 días.
Un funcionario de Asuntos Internos ofreció esta explicación: "Muchos de estos casos no correspondían a nuestra área, sino a Sumarios Administrativos. Incluso, son anteriores a nuestra gestión. Hubo casos de abandono de servicio, que suele penarse con la cesantía, que luego fueron reconsiderados, por requerimiento de la Asesoría General de Gobierno".
Por Ramiro Sagasti
De la Redacción de LA NACION
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