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29.8.07

SI LA JUSTICIA NO REACCIONA ESTAMOS PERDIDOS

Aviones militares con el tanquero que les da autonomía


Brasil derribará aviones sospechosos de narcotráfico
Una ley que ha entrado en vigor en Brasil autoriza a la Fuerza Aérea a derribar aviones sospechosos de narcotráfico que violen el espacio aéreo brasileño. Según Brasilia, la medida es para detener "el incremento del tráfico de drogas desde países vecinos", facilitado por los miles de aviones no identificados que cada año penetran en el espacio aéreo de Brasil. Cuando se detecta una nave, un piloto militar despegará desde la base más cercana, intentará entrar en comunicación por radio y señales visuales con el piloto del avión no identificado y tratará de forzar un cambio de ruta. Si no hay respuesta, será derribado.
Una ley no exenta de polémica

Scarpati Schmid se mostró partidario de autorizar el derribo de los aviones futivos.

Sostiene que miremos lo que pasa en Rio de Janiero donde el narcotráfico controla las fabelas.Hay que atacarlos en el aire,en las fronteras,en las discos y prostíbulos.
Pero no gastar pólvora en chimangos y destruir a los delincuentes de guante blanco investigando el lavado de dinero,el juego y la prostitución de todo nivel.-
"Cuando la gente se de cuenta que su hijo o nieto esta en riesgo reclamará fuertemente,pero ya puede ser tarde." afirmó.-


Un ministro bocón dijo que se vendía droga frente a la Catedral y tuvo que irse...

"...preocupación creciente por el uso de pequeñas aeronaves privadas para el traslado de cargamentos de drogas desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina".

Vuelos ilegales sin control

El sistema de aeronavegación del país vive, tal vez, el momento más crítico de su larga y rica historia. Los innumerables inconvenientes que presentan a diario los vuelos comerciales, el déficit en el sistema de radarización y las denuncias sobre el crecimiento de pistas ilegales usadas para el contrabando y el narcotráfico constituyen serios y graves problemas cuya solución no admite más demoras.

Los vuelos ilegales se acrecientan a tal punto que se estima que cerca de 1000
de ellos se registran anualmente a lo largo de la frontera de más de 2200
kilómetros del nordeste argentino, la cual cuenta, por lo menos, con 895 puntos
propicios para aterrizar y descargar cargamentos ilegales. Esas filtraciones
alimentan una gran sensación de desprotección a pesar del trabajo conjunto de la Fuerza Aérea, la Gendarmería, las policías provinciales y la Policía Federal.

El Departamento de Estado norteamericano, en el informe de este año sobre la
situación del narcotráfico en la Argentina, titulado International Narcotics
Control Strategy Report , señala: "Los funcionarios del gobierno argentino
tienen una preocupación creciente por el uso de pequeñas aeronaves privadas para el traslado de cargamentos de drogas desde Bolivia y Paraguay hacia la
Argentina". Lo curioso, si no más inquietante aún, es que buena parte de la
solución a esos problemas depende de las decisiones de los funcionarios que se
muestran preocupados.
La Fuerza Aérea debe velar por la seguridad de los cielos argentinos, pero para
las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe
apenas cuenta con dos viejos radares móviles que funcionan por unas pocas horas debido al elevado costo de su puesta en marcha y al insuficiente número de
personal capacitado para operar con ellos. Con un promedio de ocho horas
diarias, el sistema colapsa a menudo y es insuficiente para los 387.045
kilómetros cuadrados que comprenden toda la zona.
Por esa razón, en el Ministerio de Defensa se presentaron innumerables notas que
abogan por el funcionamiento durante las 24 horas del sistema de radarización
para la Región Aérea Nordeste y por partidas presupuestarias que deberán cubrir, además de los gastos de energía, los insumos necesarios para la operación y el mantenimiento del sistema, así como para la contratación del personal
especializado que opere el sistema en condiciones óptimas y adecuadas.
El presidente Néstor Kirchner anunció, el 5 de julio último, que iba a emprender
la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, en coordinación con las
Fuerzas Armadas y de seguridad, en el norte del país. Se refirió de ese modo al
Operativo Fortín, impulsado por el Ministerio de Defensa, por el cual se
enviaron a la zona tres radares de alerta temprana del Ejército, que proveen
altitud y rumbo.
A sólo 15 días de su lanzamiento, el personal del Ejército que operaba esos
radares regresó a su destino original porque no contaba con los recursos
económicos necesarios para solventar su estadía en Formosa.
Por el lado de los contrabandistas y narcotraficantes, la situación es bien
diferente. Los aviones que hacen los vuelos furtivos, sin las mencionadas
restricciones presupuestarias, tienen equipos cada vez mejor equipados para
evitar ser avistados. Esas organizaciones delictivas saben que, aun cuando sean
detectados, no corren el riesgo de ser interceptados, pues los aviadores de la
Fuerza Aérea no tienen permiso para derribar aviones no identificados: sólo
pueden perseguirlos y avisar a la Justicia. Por ello, las aeronaves y sus cargas
sólo son fortuitamente capturadas cuando se ven obligadas a realizar aterrizajes
de emergencia.
El Gobierno ha anunciado que el plan de radarización tantas veces postergado
comenzará a ejecutarse a fines de este año. Es de desear, mientras tanto, que
las autoridades nacionales dispongan de partidas presupuestarias adicionales,
como ocurre en muchas otras áreas, para que los elementos de detección
disponibles en la actualidad puedan operar sin restricciones y sean reparados y
puestos en funcionamiento aquellos que lo requieran.
Cada vuelo ilegal que transporta droga, dinero o armas entraña un grave riesgo
para la sociedad en su conjunto y configura una amenaza a las instituciones de
la República. En consecuencia, no deben escatimarse esfuerzos ni recursos para impedir que ello ocurra.
(La Nación)

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