15/04/12
Se
trata de un escándalo que no tiene precedente en una comisaría de la
Policía Federal.
Setenta y cuatro armas, en su mayoría pistolas nueve
milímetros y revólveres calibre 22, incautadas en operativos
desaparecieron de la seccional 38a., en el barrio de Flores, que tenía
jurisdicción en la villa 1-11-14, una zona caliente del delito y el
narcotráfico.
La Justicia sospecha que se trató de un robo por
encargo. Los investigadores trabajan sobre tres hipótesis: que los
compradores de las armas fueron narcos con asiento en la villa 1-11-14,
piratas del asfalto o mano de obra desocupada de fuerzas de seguridad.La causa, ahora en secreto de sumario, está a cargo de la fiscal de instrucción porteña Mónica Cuñarro, que tomó 40 medidas de pruebas e imputó hasta el momento a un uniformado de la comisaría 38a., al que acusó de los delitos de hurto doblemente calificado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y destrucción de medios de prueba, entre otros.
La seccional 38a. está en Coronel Esteban Bonorino 258 y está situada a unas 20 cuadras de la villa 1-11-14, que hasta julio pasado estaba en su jurisdicción. En ese momento, el Ministerio de Seguridad puso en marcha el Operativo Cordón Sur y los patrullajes preventivos en la zona pasaron a ser responsabilidad de la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. La Policía Federal fue retirada de las calles.
Años atrás no fueron pocas las sospechas de investigadores judiciales de connivencia entre personal policial de esa comisaría y los delincuentes que manejaban el negocio de la droga en la inmensa villa, donde se libró una guerra entre bandas con varios muertos y decenas de heridos.

"Este hecho no tiene precedente en la historia de la Policía Federal. No sólo queremos descubrir quién robó las armas, sino también quién las compró", sostuvo una alta fuente de la investigación que pidió mantener el anonimato.
Según pudo saber LA NACION, la investigación comenzó el 19 del mes pasado, después de una denuncia del propio jefe de la seccional 38a., comisario Carlos Grandal. El descubrimiento del faltante había ocurrido 72 horas antes, cuando un uniformado fue al depósito de la comisaría a buscar un arma que había solicitado un tribunal oral ante el comienzo de un juicio. La pistola era una de las pruebas para el debate, pero no estaba.
Ante la consulta de LA NACION, la fiscal Cuñarro confirmó la existencia de la causa. "He tenido toda la colaboración del Ministerio de Seguridad para esta investigación", dijo. Destacó el trabajo del personal de Asuntos Internos, de la policía científica y el apoyo del subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo, Miguel Robles.
Los investigadores del caso están convencidos de que las armas fueron escondidas en los bolsos donde los policías llevan la ropa, el calzado y los chalecos antibalas. "Quizás ésa es la explicación de por qué no se llevaron ningún FAL: porque no entraron en los bolsos", agregó la fuente consultada.
Se sospecha que, por lo menos, participaron cuatro policías en el robo. "Alguien que conocía la cantidad de armas depositadas vendió el dato y hubo un interesado en el cargamento. El comprador estaba antes de que desaparecieran las armas", sostuvo un investigador.
Oficios a fiscales y jueces
Cuñarro espera un peritaje balístico para determinar si alguna de las armas robadas ya fue utilizada en algún delito. También se libraron oficios a los juzgados y fiscales federales y de instrucción para solicitar información sobre pistolas y revólveres secuestrados desde el 19 de marzo pasado.En total, en el depósito de la seccional 38a. había 120 armas decomisadas en procedimientos policiales desde 2007, la mayoría secuestradas en operativos en la villa 1-11-14. El armamento fue sustraído con su doble sistema de identificación: un blister y una oblea.
Según pudo saber LA NACION, el inventario no está terminado. Es decir que puede ser que falten más armas. Desde que comenzó la investigación, Cuñarro se procuró en reconstruir la cadena de custodia, qué personal estaba en la comisaría y quiénes estaban de licencia.
La fiscal Cuñarro envió oficios a Robles para que el Ministerio de Seguridad envíe un informe patrimonial de cada uno de los uniformados.
Ahora, según trascendió de fuentes de la Policía Federal, también se realizan relevamientos para saber si desaparecieron armas de otras dependencias de la fuerza.
Claves
- Descubrimiento: el 16 del mes pasado, cuando un uniformado quiso buscar un arma en el depósito de la comisaría 38a. que había solicitado un tribunal oral para el inicio de un juicio, se advirtió el faltante de armas.
- Investigación: la fiscal Mónica Cuñarro comenzó la pesquisa el 19 de marzo pasado, después de que el jefe de la seccional, Carlos Grandal, hiciera la denuncia.
- Pistolas y revólveres: después de un inventario, que aún no está completo, se determinó que fueron 74 las armas sustraídas. En su mayoría, pistolas 9 milímetros y revólveres calibre 22.
- Un imputado: hasta el momento, hay un uniformado acusado de los delitos de hurto doblemente calificado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y destrucción de medios de prueba, entre otros.
- Tres hipótesis: los investigadores sospechan que las armas robadas pudieron caer en manos de narcotraficantes de la villa 1-11-14, piratas del asfalto o en mano de obra desocupada de fuerzas de seguridad.
- Allanamientos: además de hacer numerosos peritajes en la comisaría 38a., la fiscal Mónica Cuñarro y sus colaboradores allanaron el domicilio de un oficial de la Policía Federal ante la sospecha de que en esa propiedad podían encontrar pruebas sobre el robo de las armas.

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Huber
Matos perteneció al grupo de los comandantes históricos de la
Revolución Cubana. No formó parte del primer núcleo que dio lugar a la
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14/04/12
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una muy buena pelicula basada en el magnifico libro de emmily bronte.cumbres borrascosas (español) parte 2 - YouTube
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parte 2 :pronto subire mas peliculas una de ellas el paciente ingles con los dos protagonistas de esta misma ...cumbres borrascosas (español) parte4 - YouTube
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31/03/12
29/03/12
Provincia -
| 28-03-2012 | 20:27 |
1
La justicia federal inspeccionó el GADA y la granja La Amalia
Buscaban restos cadavéricos de militantes
asesinados en la dictadura. Gendarmería usó un georadar para detectar si
hubo movimientos en el suelo.
La Justicia Federal ordenó la inspección del Grupo de
Artillería Antiaérea (GADA) 161 y la granja La Amalia para detectar
indicios de un posible enterramiento de militantes asesinados durante la
última dictadura militar. Una denuncia anónima alertó el año pasado a
la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH) y dio inicio a una
primera revisión en el Ejército. Pero esta semana, chequearon el predio
con un georadar del Ministerio de Seguridad de la Nación para constatar,
en una primera etapa, movimientos del suelo.
Una comisión del Departamento de Investigaciones y Pericias Complejas de Gendarmería junto a dos geólogos de la Universidad de Río Cuarto y miembros de la APDH recorrieron el martes desde las 10 hasta las 18:30 las instalaciones de las Fuerzas Armadas, más precisamente, las antiguas caballerizas, donde ahora se ubican los camiones. Norberto Foresti, uno de los miembros de la asociación que participó de la inspección, agregó que continuó ayer a la mañana en la granja La Amalia, donde se torturaba a los presos políticos en el gobierno de facto.
El georadar, que según Foresti tiene un tamaño y estructura similar al de una máquina de cortar pasto, es uno de los dos con los que cuenta el Ministerio de Seguridad de la Nación. Conseguirlo y traer al personal especializado demoró el procedimiento. “Emite como una ecografía de la tierra con dos metros o tres de profundidad” dijo el abogado de la APDH y agregó que el aparato “registra los movimientos llevados a cabo en la tierra y en función de eso se va a realizar un informe, en quince o veinte días, para saber cuáles son los resultados de la pericia”.
La fiscal federal Mónica Spagnuolo explicó que el primer paso del procedimiento es constatar los movimientos en el suelo y después determinarán la causa de las alteraciones en la tierra con la colaboración de un equipo de antropólogos. “Puede deberse a caños, escombros o cualquier cosa. No hay que crear falsas expectativas y hay que tener mucha cautela en lo que se dice”, afirmó la fiscal. Y Foresti añadió: “Albergamos la esperanza de saber pero somos muy prudentes porque no podemos decir algo que no sabemos”.
Según Spagnuolo, los oficiales del grupo de artillería puntano sabían que habría una inspección. “El GADA siempre colaboró. No hemos tenido nunca ningún problema por eso no hace falta hacer un allanamiento sino que es una pericia para determinar si hay restos cadavéricos”, aseguró.
Una comisión del Departamento de Investigaciones y Pericias Complejas de Gendarmería junto a dos geólogos de la Universidad de Río Cuarto y miembros de la APDH recorrieron el martes desde las 10 hasta las 18:30 las instalaciones de las Fuerzas Armadas, más precisamente, las antiguas caballerizas, donde ahora se ubican los camiones. Norberto Foresti, uno de los miembros de la asociación que participó de la inspección, agregó que continuó ayer a la mañana en la granja La Amalia, donde se torturaba a los presos políticos en el gobierno de facto.
El georadar, que según Foresti tiene un tamaño y estructura similar al de una máquina de cortar pasto, es uno de los dos con los que cuenta el Ministerio de Seguridad de la Nación. Conseguirlo y traer al personal especializado demoró el procedimiento. “Emite como una ecografía de la tierra con dos metros o tres de profundidad” dijo el abogado de la APDH y agregó que el aparato “registra los movimientos llevados a cabo en la tierra y en función de eso se va a realizar un informe, en quince o veinte días, para saber cuáles son los resultados de la pericia”.
La fiscal federal Mónica Spagnuolo explicó que el primer paso del procedimiento es constatar los movimientos en el suelo y después determinarán la causa de las alteraciones en la tierra con la colaboración de un equipo de antropólogos. “Puede deberse a caños, escombros o cualquier cosa. No hay que crear falsas expectativas y hay que tener mucha cautela en lo que se dice”, afirmó la fiscal. Y Foresti añadió: “Albergamos la esperanza de saber pero somos muy prudentes porque no podemos decir algo que no sabemos”.
Según Spagnuolo, los oficiales del grupo de artillería puntano sabían que habría una inspección. “El GADA siempre colaboró. No hemos tenido nunca ningún problema por eso no hace falta hacer un allanamiento sino que es una pericia para determinar si hay restos cadavéricos”, aseguró.
http://www.eldiariodelarepublica.com/provincia/La-justicia-federal-inspecciono--el-GADA-y-la-granja-La-Amalia-20120328-0036.html








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